
Por años y amparados en la innegable necesidad de modernizar el Estado, la noción de escasa transparencia cubre una multiplicidad de relaciones gubernamentales casi desconocidas por la ciudadanía, pero fuente de contratos y un variopinto de habilidades y destrezas revestidas de tigueraje en el mundo de la tecnología que han servido para favorecer a clanes y relacionados con los gobiernos.
Es decir, deformando el sentido de eficiencia y adecuación a las reglas del siglo 21, una especie de filibusteros informáticos andan detrás de los ministros y políticos en capacidad de hacerlos ganar licitaciones con montos inmisericordes.
Cuando la pasada gestión de Relaciones Exteriores “encontró” el inmueble para ubicar en ciudad Panamá su sede, el alegato se fundamentó en llevar las oficinas de la embajada a un lujoso local acorde con la importancia de la plaza.
Una operación bastante costosa que, por esas ironías de la vida pertenecía a un ciudadano venezolano con procesos judiciales por quiebra del sector ahorros en su nación, propietario de un banco y compañía de seguros aquí, suplidor de servicios en traslado de fallecidos a suelo dominicano vía Cancillería. De paso, también propietario del avión que trasladaba al ministro 2016-2020.
No se necesita una dosis de inteligencia para interpretar las consecuencias éticas y procesales derivadas de un tinglado amparado en reglas invertidas. Eso sí, lo que alarma es que todavía hoy los lazos contractuales sigan vigentes. Dichoso, ¿no?
Lion Bridge Capital no se conoce mucho. Ahora bien, desde 2012 es la empresa responsable de licencias, balística, huellas biométricas y fuente donde se oficializa el uso de armas en el país. Vía contrato, sin ser licitado, con fondos públicos se asignaron 20 millones de dólares para el laboratorio (LABBS) ubicado en la avenida México casi esquina Máximo Gómez.
Lo “extraño” es que un hijo de un exministro anduvo muy cerca de la empresa desde el inicio de sus relaciones institucionales. Piensen que el costo de la licencia anual asciende a 12 mil pesos y existen más de 300 mil armas legales oficialmente registradas. ¿Acaso no se hace indispensable, revisar al detalle y calcular montos y beneficios, del “silencioso/ventajoso” pacto entre la institución y la suertuda empresa.
Vicente Bengoa ocupaba la jefatura del Banco de Reservas y la compañía Nexal realizó el cambio de la plataforma de la institución ascendiente a 2 millones de dólares, y desde ese momento, Marcial Mejía Guerrero inicia una carrera meteórica desde “asesor” hasta llegar a la subadministración de tecnología durante el mandato de Enrique Ramírez, que se destacaría por también acompañar en el Ministerio a Donald Guerrero y andar muy de cerca en las “zafras” del 911, Aduanas, Hacienda, Cancillería y Policía Nacional.
Aunque en buena justicia, el néctar que alimentaba la “suerte” del filibustero tecnológico radicaba en su lazo matrimonial con una empleada clave del despacho presidencial.
Cuando se conozca la historia de Nortel, Avaya, Nexal, el paso de Luis Abreu de la jefatura de telecomunicaciones del banco a la empresa ganadora de la licitación, representación de Cisco, volúmenes ganados por Cecomsa, Iqtek y el político peledeísta con experiencia en la JCE designado en las áreas de Migración y Deportes, y antiguo socio, se entenderán muchas cosas.
Tres referencias de las tantas conocidas y documentadas que serán materia prima de allanamientos y consecuencias porque en el interés de exhibir riquezas indecentes “acumuladas” en el marco de tráfico de influencias, licitaciones fraudulentas y prácticas de corrupción, se transformaron en ira social y mecanismo de inculpación debido al acontecimiento indiscutido: nadie se hace rico con tanta velocidad.
Inclusive, tales acumulaciones recayeron en gente “nueva” que, sin pertenecer a circuitos de ricos tradicionales, comenzaron compitiéndole y terminaron desplazándolos, con niveles de arrogancia sin precedentes.
Políticamente, la edificación de la casta económica del PLD provocó en el caudaloso mar de las licitaciones y contratos ventajosos, la instancia de financiamiento de sus éxitos electorales, así esquivaron los resortes económicos de siempre y con sus gigantescos capitales impulsaron triunfos que se devolvían desde los ministerios, dirección general e instancias municipales.
El error es leer toda la estructura de ventajas conseguidas vía tigueraje tecnológico y contratos sin incorporar el padrinazgo que los condujo a la cúspide financiera porque un rasgo distintivo de los gobiernos del PLD lo constituyó el hecho de encontrar modalidades insospechadas de sacar ventajas del aparato estatal.
Pueden intentar cubrir el rastro inicial, pero están las compañías y sociedades que explican el empuje, aunque traten de conseguir nuevos protectores y ya exhiban “victorias” en recientes licitaciones. ¡En el PEPCA nos veremos!
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