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Por Andrés Matos.

El 4 de julio del año mil novecientos ochenta y dos (1982) amaneció en República Dominicana con una noticia estremecedora. En la madrugada de ese día se había suicidado el presidente de la República, Don Antonio Guzmán Fernández, disparándose en la cabeza, con su revolver personal, en el baño del despacho presidencial.

Aunque fue auxiliado rápidamente por su seguridad y familiares, por médicos prestigiosos en el entonces hospital Enrique Lithgow Ceara, llamado también, El Marión, convertido luego en el hospital de Oncología o el Oncológico, murió sin esperar ser traslado a Estados unidos, para lo que había un avión ambulancia norteamericano y la orden por parte del gobierno de ese país.

Ese día es el aniversario de la independencia norteamericana y este hecho motivó a sus autoridades cancelar todas las actividades programadas para tal ocasión en el país.

El presidente Antonio Guzmán culminaba en 43 días su mandato, iniciado el 16 de agosto del año mil novecientos setenta y ocho, 1978, luego de que su partido Revolucionario Dominicana, PRD, ganara las elecciones del 16 de mayo de ese año. Había sido un valiente y eficaz presidente, lo que le ha merecido por de la posteridad la excelente valoración de ser el mejor expresidente de la República Dominicana en el Siglo XX.

Esa valentía y eficacia de Don Antonio y su equipo de gobierno, estuvo manifestada en las contundentes medidas, tomadas en poco tiempo, desde el inicio de su cuatrienio, para confirmar el carácter democrático y defensor de la soberanía y los derechos del pueblo dominicano.

Fue apodado con el nombre de “Mano de Piedra” Guzmán” en referencia a ese gran campeón de boxeo mundial, el panameño, Roberto “Mano de Piedra” Durán

¿Cuáles fueron estas históricas medidas?

La despolitización de las Fueras Armadas y la Policía Nacional, la promulgación de la Ley que eliminaba la prohibición de las actividades de izquierdas marxista, viajar a los países de la órbita socialistas y que declaraba la amnistía de los presos y exiliados políticos. Abriendo las cárceles y los aeropuertos para que regresen a sus hogares los dominicanos que no comulgaban con el régimen del doctor Joaquín Balaguer.  Otra fue la libertad de cientos de presos políticos en cárceles nacionales.

Otras medidas tomadas por el presidente Guzmán, ampliamente aplaudidas por el pueblo, fueron el descongelamiento del salario mínimo, el cual estaba “frisado” en 60 pesos desde hacía mas de 12 años, la nacionalización de la mina de oro La Rosario de Pueblo Viejo, Cotui, entre otras no menos impactante en la vida democrática del pueblo.

¿Por qué el apoyo a esas medidas? Veamos. El Gobierno del doctor Joaquín Balaguer, llevaba doce años, tres periodos consecutivos, cuyas reelecciones fueron impuestas con mordazas a la población, persecución, apresamiento y desaparición a los contrarios políticos, a la juventud, incluyendo, a los estudiantes universitarios y de los liceos secundarios públicos en todo el país.

Los mártires de esa represión llenarían libros de centenares de páginas, incluyendo a sus familiares que quedaron al desamparo, por desofender o ser sospechosos de sustentar ideas criticas al sistema de gobierno balaguerista, sustentado por una muy activa participación política partidista de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y un  

Antonio Guzmán fue postulado por el entonces progresista Partido Revolucionario Dominicano, RD, liderado por el doctor José Francisco Peña Gómez, quien es el autor y conductor de esa gran y eficaz estrategia de vencer al doctor Balaguer en las elecciones del 16 de mayo del mil novecientos setenta y ocho, 1978.

Los militares policías participaban, cual militantes partidarios reformistas, en los mítines gobiernistas, blandían sus fusiles con banderas rojas en sus cañones, abofeteaban y maltrataba a seguidores de la oposición, llegando estos maltratos hasta a familiares cercanos, sin importar las edades ni sexos.

Era tal, que, en sus caravanas por todo el país, el candidato recibió atentados y prohibiciones de desarrollar sus actividades, de parte de militares y policías de rango de mediana jerarquía, como capitanes, coroneles, quienes cumplían órdenes de los dirigentes locales del partido colorao en unos casos y de la mayoría del numeroso generalato de los cuerpos castrenses y policiales, en otros.

El apandillamiento militar y policial era tan fuerte que el día de las elecciones, después de muchos generales recorrer los recintos electorales, amedrentando a votantes y funcionarios de las mesas, en la madrugada del 17 de mayo, un grupo “ alzado” de generales detuvo el conteo de las votaciones y produjo un fallido “Golpe de Estado”, el cual encontró el rechazo natural de la población, de los organismos internacionales, de la mayoría de los gobiernos  con los que teníamos relaciones diplomáticas, incluyendo, los propios Estados Unidos, cuyo representante hizo guardia frente a la residencia del entonces presidente candidato, doctor Joaquín Balaguer. Sin dejar de mencionar un famoso jefe regional de la Línea Noroeste que vaticinó que en su territorio no mandaría Don Antonio,

Antonio inició su mandato destituyendo los principales cinco comandantes militares y al jefe de la policía, como inicio a la despolitización de los cuarteles. A pocos días aumentó el salario mínimo público, de 60.00 a 125.00 pesos mensuales. Pocos meses después decretó la nacionalización del oro dominicano y luego logró que la compañía Golf And Western pagara 37 millones de dólares que había dejado de pagar al fisco.

Su gobierno fue conformado por hombres y mujeres de alta estima en la sociedad, entre los que podemos mencionar:  Rafael Adriano Valdez Hilario, Hipólito Mejía, José Rodríguez Soldevilla, Vicente Sánchez Baret, Julio Ibarra Ríos, Bienvenido Mejía, Leopoldo Espaillat Nanita, Julio cesar Castaños Espaillat, José María Hernández, Ramón Martínez Aponte, José Rafael Abinader, Eligio Jaques, Frank Rodríguez, Jesús de la Rosa, Manuel José Cabral, Héctor Inchaustegui Cabral. Milton Ray Guevara, entre otros.

Don Antonio Guzmán fue sucedido en el mando por el licenciado Jacobo MAjluta Azar, en su condición de vicepresidente y sus restos fue sepultados en Santiago de los Caballeros, el día 5 de julio. 

Por María Estela de León

El 5 de julio del presente año la República Dominica esta conminada a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, bajo un riguroso dispositivo de medidas sanitarias por la pandemia que azota al país:  Covid-19.

Para hacer efectivo este derecho y deber todos los dominicanos con capacidad para votar están convocados a reunirse en las asambleas electorales, con la finalidad de elegir a las autoridades de gobierno que habrán de dirigir los destinos de la nación por un periodo de 4 años.

Para la celebración de este certamen, la Junta Central Electoral ha habilitado 16, 001 colegios electorales en el territorio nacional y 1,099 en el exterior, donde 7,529,932 ciudadanos ejercerán el derecho al sufragio.

Serán electos mediante el voto popular en los tres niveles de elección 264 cargos. 2 cargos en nivel presidencial (presidente y vicepresidente); 32 en el nivel senatorial, 178 en el nivel de diputación, electos mediante el voto preferencial en las circunscripciones electorales. 7 en representación de la diáspora dominicana; 5 nacionales y 20 del PARLACEN.

Los actores de esta fiesta de la democracia son:  Los árbitros del proceso, partidos políticos y la ciudadanía; vista desde esta perspectiva todos ellos son compromisarios y responsables del éxito de la jornada electoral.

Es por ello que es importante que las actuaciones de los mismos estén a la altura de las circunstancias y sus decisiones apegadas al respeto a las leyes y las buenas costumbres, para seguir construyendo democracia.   

La organización y administración del proceso es responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) y las 158 Juntas Electorales (JE) diseminadas en los 158 municipios de las 32 las provincias en que está dividido en territorio dominicano, incluyendo el Distrito Nacional.   Estas tienen funciones administrativas y contenciosas, a la vez.

En la “administrativa electoral” las JE están subordinadas a la JCE.  En cuanto a las decisiones contenciosas estas tienen facultad para conocer en primera instancia los casos que le sean sometidos durante el proceso, sus decisiones pueden ser recurribles en última instancia por ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano facultado para conocer los asuntos de la materia en cuestión.

En democracia la voluntad del soberano (el pueblo) es libérrima y sagrada. En un estado social y democrático de derecho se entiende que el respeto a las leyes y el reconocimiento de las mismas es un deber y un compromiso de todas las instituciones del Estado y con ellos de los ciudadanos.

La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, en esta ocasión la población dominicana necesita que se les garantice además del derecho al voto, preservar la salud y con ello la vida.   

Concluyo parafraseando al Poeta mexicano Octavio Paz “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”.

La autora es dominicana, abogada y periodista

Por: María Estela de León

En la República Dominicana como en los demás países de la región, los partidos políticos son los acreditados para presentar las pretensiones de los ciudadanos habilitados, que aspiran alcanzar un puesto de elección popular.

La Ley No. 15-19, del Régimen Electoral dominicano, estatuye en el artículo 133 “las candidaturas serán sustentadas por un partido, agrupación política y movimiento”, de igual manera la Constitución dominicana establece en su artículo 22 inciso primero el derecho de elegir y ser elegible.

Para nadie es un secreto que las instituciones partidarias presentan un desgaste interno, deterioro en las bases; además de la pérdida de credibilidad frente a la sociedad, falta de transparencia en el manejo de la cosa pública, y prácticas de corrupción en el ejercicio del poder por sus representantes.

Los partidos están formados por militantes activos, que se asocian con unos fines y en esa dinámica van haciendo carrera político-partidaria; con los servicios sociales, dedicación y entrega con las causas que identifican a las organizaciones. Es en los hombros de esas bases que se produce el fortalecimiento institucional para luego pasar a hacer verdaderas maquinarias políticas con vocación de poder.

 Es en esa sintonía que al momento de confeccionar una propuesta electoral se les debe dar oportunidad a aquellos que tienen los méritos dentro de lo partidos. 

Los cuestionamientos y el debilitamiento de los partidos por malas prácticas en el desempeño del ejercicio de la función pública, ha dejado mucho que desear, toda vez que las valoraciones de los ciudadanos; estos están dentro de las entidades con menor credibilidad social.

Estas situaciones han llevado a algunos partidos del sistema a aventurarse a buscar fuera de sus núcleos, a personalidades y figuras públicas para conformar propuestas frescas y atractivas para los electores.

En una correcta aplicación de las leyes, todos los ciudadanos tienen el derecho y  la oportunidad de elegir y ser elegido, también es cierto que los partidos políticos tienen que motivar y fortalecer el liderazgo interno, no es justo que se le quite la oportunidad a dirigentes políticos que han contribuido al crecimiento del partido para darle paso a influencers y figuras públicas,  sin que esas personas  hayan hecho una vida política y estén identificada plenamente con los principios y valores que postulan esas organizaciones políticas.

Si al momento de conformar una boleta electoral, se toma en cuenta a personas que no han hecho vida dentro de las organizaciones; “sin restarles méritos a los postulantes que aspiran a que se les designe en un cargo público”. En ese contexto se podría estar jugando a vulnerar derechos adquiridos de los afiliados de los partidos que han asumido este camino.

Esta práctica incentiva el descontento y el abandono de las filas partidarias, luchas internas y el debilitamiento de las bases. Para los partidos políticos la aspiración más sublime, es llegar al poder:  Es el fin último. Para los ciudadanos y la democracia es el compromiso social una vez alcanzada la posición. Es por ello que lo importante no es quien, sino qué y para qué.

El interés de los ciudadanos no es la presentación de una boleta con caras bonitas, figuras connotadas del medio social, con seguidores y recursos económicos vasto, es que estas sean propuestas de hombres y mujeres que tengan compromiso y trabajo social, que les duelan sus comunidades y que hagan vida en sus respetivas demarcaciones, para una mejor representación.

Los partidos han sido invadidos por una figura muy conocida en el medio político; “los outsider de la política”, que no son más que personalidades públicas y aventureros que buscan la sombra del poder político para alzarse con un puesto, los que en las mayorías de las veces no están comprometidos con los principios y las agendas políticas de las bases partidarias que los postulan, pues ellos no son fruto de la concertación y las luchas encarnadas por las mayorías de la militancia.   

La política y los partidos deben ser los instrumentos a través de los cuales se materializan los sueños y se crean las oportunidades para garantizar felicidad en el ejercicio del poder.

El estado de consciencia social tiene que ir en busca del bien común. Se hace necesario introducirles a los partidos políticos un relevo generacional con pensamiento crítico, que sirva de acompañamiento a los actores sociales y políticos del sistema, de modo y manera que se aprovechen las experiencias sanas de los que han hecho bien sus tareas. Ese es el compromiso. 

*La autora es dominicana, periodista y abogada