LAVERDADDEAHORA.COM

 Prometió donar los recursos que obtenga por la demanda a instituciones sin fines de lucro que trabajen con niños en situaciones de vulnerabilidad.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional declaró este viernes extinguido un proceso por supuesta difamación e injuria contra el periodista Marino Zapete y condenó a la señora Maybeth Rodríguez, acusadora, al pago de las costas penales y civiles.

Sin embargo, advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva y que sus verdugos serán demandados próximamente por los daños que le infringieron tanto a su imagen como a sus operaciones como profesional en un canal de televisión de donde fue expulsado.

El profesional del periodismo, escritor y productor del programa televisivo El Jarabe, prometió donar los recursos que obtenga por la demanda a instituciones sin fines de lucro que trabajen con niños en situaciones de vulnerabilidad.

El tribunal, presidido por el magistrado Teofilo Andújar, leerá la sentencia íntegra el próximo 25 de este mes de septiembre contra la señora Rodríguez, hermana del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

La decisión del órgano judicial acogió en todas sus partes de la petición de los abogados de la defensa del periodista Marino Zapete, quienes habían demandado la extinción del proceso y la condena al pago de las costas legales a la parte acusadora, que no se presentó al tribunal.

Zapete había denunciado irregularidades en la concertación de contratos sin licitación entre el Ministerio de Obras Públicas encabezado por Gonzalo Castillo Terrero y la entidad Grupo ASIMRA, S.R.L., representada por Maybeth Rodríguez y Masiel Uceta Sánchez (esposa de un subalterno del ex Procurador).

Los abogados aseguraron que hay pruebas concretas sobre ese particular y de los libramientos de fondos de parte de OISOE sin licitación ni contrato, todo lo cual dio lugar a entrega de fondos públicos a favor de Grupo ASIMRA, S.R.L., que superaron los RD$1,000 millones.

“Sostenemos nuestra posición de tolerancia cero contra los abusos y la injusticia. Nuestra lucha no termina con el desistimiento del 13 de agosto de 2020 depositado por Maybeth Rodríguez”, indicó la defensa de Zapete.

Y agregó: “En ese proceso abusivo que se desistió pretendíamos  ejercer la prueba de la veracidad del discurso atacado de difamatorio, pero como no resisten que se les pruebe la verdad de lo que dijo Zapete, ellos optaron por desistir. Sin embargo, para Marino Zapete no es posible ser indiferente ante lo siguiente”.

En ese sentido, indicó que por esos abusos y otros que generaron daños a Zapete no se puede ser indiferentes y premiar con el borrón un listado de arbitrariedades, faltas y desconsideraciones. “Próximamente demandaremos a nuestros verdugos, ya que sus actos no se originaron en un derecho que ellos tuvieran sino únicamente confiados en su capacidad de usar/abusar del poder”, advirtieron.

 La jueza Carminia Caminero fundamentó su decisión en el artículo 40.7 de la Constitución dominicana, en la que se establece que toda persona debe ser puesta en libertad una vez haya cumplido con la pena impuesta. 

SANTO DOMINGO (RD) La Cámara Penal del Juzgado De Primera Instancia del distrito judicial de Duarte acogió la acción de habeas corpus interpuesta por Marlín Altagracia Martínez y dispuso su puesta en libertad por considerar irregular su estado de prisión, debido a que se cumplió la condena de 2 años de prisión que le impuso la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.

La magistrada Carminia Caminero Sosa fundamentó su decisión en contenido del artículo 40 numeral 7 de la Constitución dominicana. Este texto constitucional prescribe que: “toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente”. 

El tribunal explicó que la sentencia 125-2019-101, de fecha 15 de mayo del año 2019, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís redujo la condena de Martínez de 5 a 2 años de prisión y, que ésta ya cumplió la pena impuesta. 

En sus motivaciones, la magistrada expresó que la decisión fue adoptada respetando al derecho de libertad consagrado en la Constitución, el Código Procesal Penal y los convenios internacionales. 

Marlin Altagracia Martínez fue condenada en primer grado a 5 años de prisión y posteriormente la condena le fue reducida a 2 por los cargos de ocultación de cadáver de la menor Emely Peguero, quien estaba embarazada de su novio Marlon Martínez, este último condenado a 30 años de reclusión, en el mismo proceso por la muerte de la menor embarazada. 

Se recuerda que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia está apoderada de un recurso de casación en contra de la sentencia citada de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y que hoy se halla en estado de fallo, luego de escuchar las conclusiones de las partes, el pasado mes de febrero.

 Indicios. Ortiz Bosch y Carlos Pimentel: existen evidencias empresas favorecidas con contratos se vinculan a exministro Castillo. Pesquisa. El magistrado Camacho aseguró hará las indagatorias.

SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción informó que hará las debidas indagatorias de supuestas irregularidades en las compras de hormigón asfáltico caliente por RD$11,500 millones durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), cuyo expediente había sido archivado por disposición del ex sacerdote y dirigente del PLD, Lidio Cadet ,sin recibir el informe final de las investigaciones.

El magistrado Wilson Camacho hizo el compromiso en el despacho de la procuradora general, Miriam Germán Brito, donde recibió el expediente de manos de Milagos Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGAIG), y Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP).

Dijeron que apoderaron al Ministerio Público tras hallar evidencias que ameritan la intervención de ese órgano. Dijeron que durante el levantamiento que realizaron en Obras Públicas encontraron indicios que vinculan compañías beneficiadas con esos contratos, vinculadas al exministro Gonzalo Castillo.

“Estamos convencidos que de manera olímpica violaron todos los procedimientos y toda la ley de compra y contrataciones”, expresaron los funcionarios tras señalar que existen evidencias de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Castillo hubo irregularidades y violaciones en las Compras.

Afirmaron, además, que como institución de prevención, de control y de investigación de actos de corrupción en el análisis que realizaron en Obras Públicas encontraron indicios que a su juicio deben ser conocidos por la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que “el Ministerio Publico profundice las investigaciones para saber por qué se hizo, quién tenía la intención de acumular, quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular recursos del pueblo dominicano de manera ilícita”, dijo Pimentel, titular de la DGCP.

Asimismo, expresó que existen indicios que establecen vínculos entre los proveedores y los entes contratantes del hormigón de asfáltico caliente.

El funcionario dijo que no hay duda de que en este caso se han violentado todos los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones. Los

funcionarios afirmaron que toman en cuenta que el exministro Castillo no forma parte de la administración pública, por lo que no buscan una sanción administrativa, sino una investigación de tipos penales.

Reacción
El vocero del bloque de Diputados de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que no se protegerá a nadie que haya violado las leyes durante sus funciones en la pasada administración del Estado.

El dirigente peledeísta pidió que se respecte el debido proceso y que no se convierta en un morbo para hacerle daño al PLD.

“No pretendemos proteger al que ha violado la ley, pero reclamamos que no se convierta en una satisfacción de un morbo, simplemente para cortar cabezas con la consigna de tránquelo para satisfacer el morbo”.

Revocación

— Archivo
El 29 de julio se realizó la corrección del precitado error y en consecuencia se revocó la recomendación del archivo contenido en el informe de denuncia del 29 de julio 2020.

Ortiz Bosch deploró Cadet pidiera archivo
Solicitud. La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, dijo que exdirector de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendó el archivo de la solicitud de investigación alegando que no era sostenible, ya que tras analizar los documentos depositados en la Dirección General de Ética, se verificó que se cometieron irregularidades.

Además, deploró que Cadet recomendara archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, de la Dirección de Contrataciones a solicitud de la DIGEIG,

Pronto empieza el "juidero" y la gritería de los que decían que el país estaba dividido en corruptos y peledeistas. Se dice que no habrá borrón y cuenta nueva. Esperemos.

 SANTO DOMINGO.- El Consejo Superior del Ministerio Público designó ayer a los procuradores generales adjuntos Yeni Berenice Reynoso como Directora General de Presecución y a Wilson Camacho como director interino del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Reynoso pasa a ser la encargada de darle seguimiento a los procesos de persecución de los actos delictivos investigados por la Procuraduría General de la República, incluyendo los casos de corrupción administrativa.

En tanto que Camacho pasa a ocupar la posición dejada vacante por la procuradora adjunta Laura Guerrero Pelleiter, quien renunció a esa posición durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Hace una semana la Procuraduría se empoderó de varios casos de corrupción que estaban siendo investigados por la Fiscalía del Distrito Nacional, los cuales ahora pasan a la esfera de competencia directa de Reynoso y de Camacho.

La Dirección de Persecución recibirá el reforzamiento de 15 fiscales que también podrán prestar asistencia al Pepca cuando las investigaciones que lo ameriten.
De igual manera, las oficinas del DPCA serán trasladadas a la cuarta planta del edificio de la Procuraduría, informó ayer la procuradora Miriam Germán Brito.

 El Magistrado Juan Suardí explicó que están libre de mora judicial en todas las materias y solo tienen pendiente materializar el fallo de 60 expedientes en la Jurisdicción Inmobiliaria, para colocar ese departamento judicial entre los que han reducido en un 100% ese flagelo que por décadas ha afectada la sana administración de justicia.

SANTO DOMINGO. (RD).-El presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata y coordinador de ese Departamento Judicial, magistrado Juan Suardí, informó que han logrado permanecer libre de mora judicial en las diferentes materias, teniendo solamente pendiente 60 casos en la Jurisdicción Inmobiliaria a resolver en los próximos días.

El magistrado Suardí explicó que a inicio de la pandemia del COVID 19 la mora judicial rondaba los 300 casos en materia inmobiliaria y tras un proceso de liquidación, a la fecha solo están pendiente de fallo 60, lo que atribuyó a situaciones que ya han sido subsanadas.

“Ya los proyectos de sentencias están preparados, solamente falta que se suban a la plataforma y que las sentencias sean debidamente firmadas, es decir estamos listos para dentro de los próximos días volver a decir con orgullo que el Departamento Judicial de Puerto Plata no tiene mora judicial”, aseguró.

Explicó que desde el año 2005 en materia civil y comercial, así como en niños, niñas y adolescentes han estado exento de mora judicial.

En el Departamento Judicial de Puerto Plata, justamente el modelo para iniciar Visión Justicia 20/24 exhibe entre sus logros la utilización de la firma electrónica por todos sus jueces y juezas, el manejo de solicitudes administrativas en más de un 80% y el uso generalizado por todos sus servidores judiciales de las herramientas tecnológicas del office 365.

Esto ha sido posible según explico el magistrado Suardí, gracias a la estrategia utilizada para dar un mejor servicio, como es la difusión del Plan Visión Justicia 20/24 para que todos los jueces y juezas puertoplateños adopten el nuevo cambio de paradigmas y hagan conciencia de la trascendencia de los cambios, al seguimiento constante al trabajo de los tribunales que integran ese Departamento Judicial, así como la integración con los sectores que intervienen en el proceso penal mediante la Mesa de Coordinación Interinstitucional.

La explicación del Juez Juan Suardí fue ofrecida durante Encuentro con Jueces y juezas sobre Plan de Reducción de la Mora Judicial en el Departamento Judicial de Puerto Plata, con la presencia del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, miembros de la Suprema Corte de Justicia y de Consejo del Poder Judicial.

Por su lado, el magistrado Luis Henry Molina Peña expresó su satisfacción por los logros alcanzados en Puerto Plata en la reducción de la mora judicial y aseguró que en el Poder Judicial no solo se está implementando la virtualidad sino una nueva cultura de trabajo.

“Siempre hay oportunidades de mejorar, siempre hay oportunidad de potenciar la capacitación y aprender el uso de los mecanismos tecnológicos y esta pandemia nos lo ha demostrado, la tecnología nos da herramientas y habilidades y nos permite potenciar la inteligencia humana”, aseguró.

El magistrado Molina Peña exhortó a jueces y juezas a en medio de la crisis por el COVID- 19 ver las oportunidades que ha abierto con miras siempre a mejorar.

 SANTO DOMINGO (RD).- La procuradora general de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, visitó en la mañana de hoy el despacho del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, como parte de la coordinación de los trabajos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Durante el encuentro, el magistrado Henry Molina destacó que resulta de gran valor que el sistema de justicia pueda contar con una procuradora que conozca y entienda del trabajo de los tribunales y de la propia Suprema Corte.

La Procuradora General y el Magistrado Henry Molina conversaron, en un ambiente de cordialidad, sobre los retos y las oportunidades del sistema de justicia de República Dominicana, de manera especial sobre la necesidad de acelerar el cumplimiento de las leyes en materia de casación, y la apertura a trabajar de manera conjunta para posibilitar un servicio de justicia transparente, ágil y eficiente.

Durante el encuentro conversaron además sobre el Servicio Judicial, el plan de continuidad de labores del Poder Judicial durante la pandemia de la COVID-19 y del proceso de transformación iniciado para dar respuesta y garantizar el servicio de justicia de forma virtual, en un ambiente de seguridad sanitaria para los ciudadanos, abogados, fiscales y jueces.

Acordaron también realizar un plan de trabajo para solucionar la situación de los miles de dominicanos y dominicanas que se encuentran en prisión preventiva. En ese sentido, se planteó la posibilidad de un plan de trabajo para formular una solución conjunta desde el Poder Judicial y la Procuraduría General, que pueda incluir a la Defensa Pública y a los demás actores del sistema.

En la reunión participaron además la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso; el director de la Academia Regional Penitenciaria, Roberto Santana, y Ana Morun. Por parte del Poder Judicial, participaron la Secretaria General del Consejo, Dra. Gervasia Valenzuela; el Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, y Ángel Brito, Director General de Administración y Carrera del Poder Judicial

 Los tribunales están laborando a plenitud para todo tipo de procesos, celebrando tanto audiencias presenciales como virtuales, en las que se responde a las solicitudes de las partes y se mantienen protocolos de seguridad y prevención ante el embate del coronavirus 

SANTO DOMINGO (RD).- En solo un mes de la Fase Avanzada del Plan de Continuidad de Labores del Poder Judicial, los tribunales del país han realizado 12,061 audiencias, entre presenciales y virtuales, para alcanzar las 24,735 celebradas en todo el período de la pandemia del COVID-19.  

Un informe sobre los servicios ofrecidos por el órgano judicial indica que entre el 29 de julio, fecha en que se inició esta fase, y el 30 de agosto, se celebraron 10,790 audiencias presenciales y 1,271 virtuales. Estas 12,061 generan en un promedio de 402 por día, en un período en el que se han ampliado los servicios judiciales mientras se mantiene un riguroso protocolo para preservar la salud de jueces, juezas, servidores judiciales y usuarios.  

Previo al 28 de julio, se habían realizado 12,674 audiencias desde el 23 de marzo, cuando se estableció el estado de emergencia por la propagación masiva del COVID-19 en el país.  

Durante la fase avanzada, el juez decide la modalidad en la que se realiza la audiencia, luego de consultar las partes, que en múltiples ocasiones aprecian las ventajas de la conexión en remoto, por ahorro en tiempo y recursos y por mayores garantías sanitarias.  

Fruto de la continuidad del trabajo de los tribunales y de la apertura de 116 salas en todo el país, estos han calendarizado o programado más de 12,500 audiencias para agosto y los meses siguientes. El 41% corresponde a la materia penal, el 19% a la civil y el 15% a la laboral, distribuyéndose el resto en todas las demás. 

Además, el Poder Judicial ha dispuesto un total de 36 cabinas en las distintas sedes judiciales para aquellas personas que no cuenten con equipos tecnológicos adecuados, servicio estable de internet o suficiente práctica en la funcionalidad del nuevo sistema, a fin de que puedan participar de sus audiencias virtuales.  

Los servicios ofrecidos en estos 30 días han generado 11,677 visitas presenciales agendadas a través de la página web y otras 19,711 que fueron atendidas sin cita previa, lo que muestra alta actividad registrada en las sedes judiciales durante ese período.   

El portal web serviciojudicial.gob.do, que asiste por la vía electrónica a los usuarios del sistema y sirve de soporte al trabajo virtual y al presencial de los tribunales, recibió 154,998 visitas, cifra que se eleva a 422,052 visitas desde que se inició el Plan de Continuidad de Labores, a partir de la fase inicial, el 1 de junio. Hasta la fecha, ese portal cuenta con 18,548 usuarios/as registrados/as.  

El Servicio Judicial canalizó 99 mil solicitudes para diferentes trámites durante la fase avanzada, que fueron atendidas mediante la plataforma digital, por la línea telefónica *3191 o por el correo contacto@serviciojudicial.gob.do.  

El portal tramitó 83,413 solicitudes para depósitos de documentos relativos a distintos procesos en los tribunales, renglón que alcanza los 146,759 si se parte desde el 1 de junio.  

 SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República asumió la investigación de varios expedientes por corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo una denuncia contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, por supuesto enriquecimiento ilícito y violación de la ley de contratación y compras mientras fue ministro de Obras Públicas.

La procuradora Miriam Germán Brito dispuso que esa instancia también asuma las investigaciones de los casos de las denuncias de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y otros, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y más personas.

También asumió la denuncia hecha por el movimiento “Somos Pueblo” contra el actual senador de Barahona, José del Castillo, por supuesto enriquecimiento ilícito.

De igual manera incluyó las denuncias presentadas por Guido Gómez Mazara contra Gonzalo Castillo y contra el hermano de éste, Ricardo Andrés Castillo, por supuesta violación a la ley sobre compras y contrataciones del Estado.

Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”, indica un despacho de prensa.

Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. Explicó que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.

La nota explica que la decisión está amparada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual le otorga al Procurador la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”.

Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan.

Recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar.

Investigación

—Propósito
Germán Brito plantea que el Ministerio Público tome “todas las medidas necesarias” con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción.

 SANTO DOMINGO (RD).- El Departamento Judicial de San Juan de la Maguana logró mantener su condición de cero mora judicial y se colocó en más de un 98% en su nivel de respuesta a las solicitudes de procedimientos administrativos durante la pandemia del COVID-19.  

“Contamos con un alto nivel de resolución en respuesta a la persona usuaria en tiempo de pandemia”, informó el magistrado Manuel A. Ramírez Suzaña, presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana y juez coordinador de dicho departamento.  

En el período de emergencia por el coronavirus y en las diferentes fases del Plan de Continuidad de Labores, todos los tribunales de esa jurisdicción se mantuvieron sin mora, preservando una condición de la que goza San Juan de la Maguana desde hace casi 12 años, explicó el magistrado Suzaña.  

“En septiembre de 1998, la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, en ese entonces de jurisdicción plena, erradica la mora judicial, como producto de cinco meses de trabajo continuo, incluyendo los fines de semana”, expuso Suzaña en una reunión de los jueces del departamento con el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.  

Indicó que con la implementación de varios planes posteriores y la actitud vigilante de los presidentes de cortes, que además predican con el ejemplo, se ha logrado trabajar sin acumulación de expedientes en ese departamento, que incluye los distritos judiciales de San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán y Elías Piña.  

En adición a esta condición, durante la fase avanzada, los tribunales del departamento llevaron de 76% al 98% el nivel de resolución y respuesta a las solicitudes, que tienen que ver con resoluciones administrativas, certificaciones y citaciones.  

De esta manera, el Poder Judicial en San Juan de la Maguana se encamina a la eliminación de la acumulación de asuntos administrativos pendientes en la nueva herramienta de gestión, para avanzar hacia un 100% de respuesta a las personas usuarias.  

Este alto nivel de resolución responde, explicó el magistrado Suzaña, a la migración de una gerencia situacional a una transformacional, donde la motivación y persuasión de jueces y servidores judiciales se basa en la sinergia y el trabajo en equipo.  

“Además, la concienciación e internalización del Plan Estratégico Institucional, Visión Justicia 20-24, a lo interno Departamento Judicial, la optimización del uso de la firma electrónica y la retroalimentación continua de los diferentes actores del sistema”, indicó el juez coordinador.   

Agregó que Visión Justicia 20/24 vino a dar un carácter más integral al compromiso con una justicia más oportuna y eficiente.  

 Población exige justicia.

 Santo Domingo. Una entidad de derechos humanos sugirió hoy al presidente Luis Abinader que antes de que el Gobierno someta expedientes por corrupción por ante el Ministerio Púbico se restructure el aparato judicial con la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual deberá realizarse en el 2021.  

De igual manera, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (AFAMIDESA) explicó que la iniciativa del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contra la corrupción es buena pero que debe abarcar los últimos tres gobiernos.

“Muchos sectores nacionales entienden que hay fiscales y jueces que obedecen a gobiernos pasados y por tanto, instrumentar expedientes ahora y someterlos, es destinarlos al fracaso”, consideró.

José A. Thomas, presidente de AFAMIDESA, señaló que las entidades interesadas en someter expedientes de corrupción deben esperar que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual deberá realizarse en el 2021.

Consideró necesario que la población tenga paciencia y deje que el presidente Abinader estructure su gobierno lo más fuerte posible para que cumpla con las promesas de campaña, entre las que están la lucha contra la corrupción.

Afirmó que el Ministerio Público actual debe ser sometido a un proceso de reestructuración con profesionales de alta formación intelectual y moral, con gran vocación de servicio a la Patria y que trabajen en coordinación con los derechos humanos.

“Por eso, AFAMIDESE cree conveniente que se presente al Congreso un anteproyecto de ley para que en todas las fiscalías de la República Dominicana sean nombradas personas que pertenezcan a entidades de derechos humanos”, dijo Thomas.