Superemos las pruebas nacionales

Por Alejandro Solano
Con pocos bombos y menos platillos, el sistema educativo de nuestro país ha intentado celebrar el éxito de la mayoría de los estudiantes en la administración reciente de las pruebas nacionales. En realidad, la celebración tiene poco sentido, pues se trata de una victoria lamentablemente pírrica.

Desde que los seres humanos inventaron la Ley, sintieron la necesidad de inventar la trampa. Se dice que quien inventó la primera es el autor de la segunda. Aunque a veces eso parece verdad, otras veces es falso. Lo cierto es que las pruebas nacionales nacieron como un mecanismo para el control de la calidad, y ha sido violado en muchas ocasiones de diversas maneras.

Las pruebas nacionales no son malas en sí, pero en sus más de veinte años de existencia han estado en el vórtice de numerosos escándalos. Esos escándalos han puesto a prueba la seguridad de ese mecanismo y la capacidad del Ministerio de Educación para ejercer el debido control y evitar que lo vulnere la carcoma de la corrupción.

Muchos dominicanos recuerdan que empleados del Ministerio se robaban los exámenes y se los vendían a los estudiantes. Como los estudiantes que podían pagar esa mercancía eran los del subsector privado, los estudiantes de escuelas públicas casi no podían acceder a ese desorden. Esa era una fuente de desigualdad en los resultados educativos y una manera de hacer crecer el negocio de la educación privada.

Hubo tiempos en que el mercado trató de facilitar el acceso para los alumnos del subsector oficial. Ese cambio de estrategia determinó que los padres de muchos de esos estudiantes intervinieran de manera irresponsable. En vez de denunciar la irregularidad, lo que hicieron fue pagar el precio para evitar que sus hijos se quemaran.

Paralelamente con esos desafueros, ocurrían otras formas de violar la resolución que creó las pruebas nacionales. Una de esas estratagemas se inició en muchos colegios, y consistía en que los alumnos llegaban a esas evaluaciones con altos y hasta muy altos promedios. Con esos promedios elevados se satisfacía el ego de los padres que pagan para que sus hijos supieran mucho. El jueguito servía también para hacer ver la supuesta superioridad de la educación privada sobre la pública.

Esa jugada generó otra situación de inequidad con respecto a los alumnos de las escuelas públicas. Los profesores de estos centros habían sido siempre más estrictos que los de instituciones privadas. Por eso, los estudiantes de escuelas públicas llegaron a sufrir una desventaja comparativa. No hay que ser un sabio para darse cuenta de que, tanto en la naturaleza como en la sociedad, cuando hay una descompensación se busca una compensación. Habría que investigar cómo se ha logrado el equilibrio, pero no hay duda de que se ha producido.

Nadie puede negar que ha tenido muchas caras la corrupción que se ha cebado en la evaluación que se hace mediante las pruebas nacionales. Se sabe que en los desmanes cometidos contra la integridad de esos exámenes han participado manos extrañas al Ministerio de Educación. Las autoridades educativas han desplegado esfuerzos tendentes a erradicar ese cáncer enquistado en el servicio nacional de educación. Aun así, las pruebas nacionales siguen bajo sospecha, y no es para menos.

Las pruebas nacionales han sido un amasijo de debilidad institucional, corrupción, lucha de clases e intención sana de mejorar la calidad educativa. En ese panorama, la calidad de la educación ha llevado las de perder. Esos exámenes se han llevado por delante la integridad y la calidad humana de una parte de la población.

Conocida esta radiografía de las pruebas nacionales, debemos reconocer que nos hemos quemado. No solo los alumnos, sino también los maestros, los padres y los directivos del sistema. Ante esa situación, algunos han abogado por la eliminación pura y simple, mientras otros aceptan que se sigan aplicando como hasta ahora, porque son un mal necesario.

Sostengo humildemente que esos exámenes se mantengan para controlar la calidad educativa en el país, para lo cual debe hacerse una re-ingeniería de ese mecanismo de evaluación. Pero no de manera unilateral, sino como resultado de un diálogo en el que participen todos los actores del sistema de educación de la República Dominicana.
El autor es experto en materia educativa,reside en Santo Domingo y es oriundo de Cambita Garabito,San Cristòbal.

Artículo publicado en el periódico el caribe.com de fecha       20 julio, 2015