Por Pablo
Vicente
Hoy en día los partidos políticos asumen un papel fundamental en el fortalecimiento de
la democracia y por lo tanto juegan o deberían jugar un rol mucho más activo en
la definición e incidencia de las políticas públicas.
Los partidos políticos son indispensables para garantizar
la pluralidad democrática y ser portavoces de las necesidades ciudadanas,
Giovanni Sartori sostiene que un partido
es “cualquier grupo político reconocido oficialmente que participa en las
elecciones y que es capaz de postular candidatos para cargos públicos a través
de las elecciones”.
Sin embargo el mismo Sartori (2002) sostiene que
además de la clásica, es decir, postular candidatos para las elecciones, los
partidos participan en la articulación y representación de intereses, en la
movilización y socialización de los ciudadanos, en la formación de gobiernos,
así como, en la formulación de políticas públicas¨ en ese sentido en lo que
tiene que ver con la definición de políticas públicas no siempre están
vinculadas a las acciones del partido, es decir una cosa es desde el gobierno y
otra desde la oposición, por lo que se requiere un proceso articulador entre la
gestión política y la gestión de gobierno.
En tal sentido y reconociendo que es desde los
partidos políticos que se llega a posiciones de poder en el que se puede implementar
e incidir en la formulación de esas
políticas públicas que en muchos casos son reflejadas en programas de gobierno,
pero que se pierde de vista al momento de implementar políticas públicas en el
ámbito de lo estatal. El programa de cada partido debería ser un compromiso, un
contrato con los votantes que lo respalden.
Existen diversas formas en que el Estado regula la
vida partidaria. El financiamiento y la selección de candidatos son las más
comunes pero no es lo único, también, puede haber otro tipo de reglamentaciones
que inciden decisivamente en la actividad de los partidos. Por ejemplo, los
requisitos con que se otorga la personería jurídica o se aceptan las
postulaciones de los candidatos, el nombre del partido, las cuotas de género en
los cargos, la participación de jóvenes,
las fechas de elecciones internas y generales, líneas de capacitación
etc. Además de esas atribuciones sería bueno preguntarse. ¿Qué pasa con las
propuestas programáticas?, ¿Cuál es el
rol de los partidos políticos para garantizar el cumplimiento de la agenda que prometen a sus electores? ¿Existe
una vinculación de los partidos con la sociedad? ¿Hasta dónde son responsables
los partidos de la insatisfacción ciudadana con respecto a la forma en que los
partidos interpretan su compromiso representativo? En realidad hay preguntas que
no tienen una repuesta única y que debería ser motivo de preocupación y debate
sobre el rol a juzgar por los partidos políticos que trascienda el elemento
electoral.
De ahí la necesidad de repensar el rol a desempeñar
por los partidos políticos en relación a las políticas públicas entendiendo
esta como las acciones o inacciones del Estado para solucionar ciertos
problemas públicos. En tal sentido los partidos políticos como gente de
intermediación entre el Estado y la sociedad pueden aportar bastante al momento
de definición de políticas públicas que impacte de manera positiva a la
sociedad como receptora de esa política.
En los procesos políticos y sobre todo en momento de
campaña electoral los partidos políticos realizan acciones con mira a ganarse
la simpatía del electorado y por lo tanto hacen promesas que en muchos casos se
desvinculan a la hora de tomar el control en la ejecución y definición de
políticas públicas.
Es necesario que
los partidos políticos asuman un rol de intermediación entre el Estado y
la sociedad, un interlocutor clave para que las problemáticas de la ciudadanía
puedan convertirse en políticas públicas que los partidos impulsen como actores
claves en un estado social, democrático y de derecho.
Los partidos políticos no solo son maquinarias
electorales que se activan en procesos de campañas políticas, son también
actores claves que pueden contribuir a la solución de problemas y sobre todo a la
construcción de ciudadanía.
El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social.
Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red
Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD)
fujudel@gmail.com
@pablo_vicente
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