Por: Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com)
Recientemente fue aprobado el Presupuesto General del Estado que
regirá para el año 2016, el cual asciende a la suma de RD$663,558
millones de pesos.
Como todos los años, varias instituciones públicas, autónomas, descentralizadas y
municipales, solicitaron una mayor asignación presupuestaria.
Si analizamos a cada una de estas instituciones, nos daremos cuentas de la imperiosa
necesidad que existe de que dicho Presupuesto sea distribuido en base a los resultados
alcanzados y a la responsabilidad que tienen cada una de éstas con la sociedad, pues algunas
ya no responden a los objetivos para los cuales fueron creadas y no realizan ninguna función,
por lo que debe contemplarse su eliminación o fusión con otras entidades.
Ya nos hemos referido en otras oportunidades a la necesidad de una reforma integral o
reingenierÃa al aparato burocrático del Estado Dominicano, por su gran tamaño y
disfuncionalidad de algunas de sus instituciones; que no aportan nada, que realizan una labor
clientelista, parasitaria o la misma de otros; en cambio, existen otras, que por las funciones
que desempeñan, merecen una mayor asignación presupuestaria, como es el caso de Salud
Pública, el Poder Judicial, la Seguridad Ciudadana, la Agropecuaria, entre otros.
Algunos paÃses están reduciendo su aparato burocrático, tal es el caso de Brasil, que va a
eliminar algunos de sus ministerios.
El Estado Dominicano no puede continuar dándose el lujo de mantener instituciones que
todos los años tiran los recursos públicos por las bordas, mientras existen tantas
precariedades, un déficit fiscal que cierra cada año en aumento; una gran deuda social
acumulada y una deuda pública externa e interna que consume casi el 40% del PIB corriente
de cada año.
Si en verdad queremos cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2015-2030,
debemos adecuar el aparato burocrático estatal en función de los objetivos, lÃneas de acción
y actividades identificadas en ese gran instrumento de desarrollo, pues siendo eficientes y
eficaces, estaremos en condiciones de corregir todas las distorsiones y desviaciones
financieras y administrativas, que son de los obstáculos que tenemos que vencer, para poder
combatir la pobreza y la marginalidad.
Lamentamos que a la hora de preparar y aprobar dicho presupuesto, no se observen estas
distorsiones, y que por el contrario, exista el interés de continuar creando más instituciones,
ministerios, provincias, ayuntamientos y distritos municipales, que sólo contribuyen a
aumentar la abultada burocracia, la nómina pública y consecuentemente, a la corrupción
administrativa.
Todo esto se hace en nombre de una supuesta descentralización del poder polÃtico. Pero esa
no fue la que Juan Pablo Duarte concibió.
Para que tengamos una idea de lo que estamos señalando, a la Cámara de Cuentas de la
República, institución llamada a fiscalizar el 100% de los fondos públicos, se le asignó para
el año 2016, la suma de 646 millones de pesos, lo que representa un poco menos del 0.01%
del PIB, para fiscalizar a todas las demás instituciones públicas, autónomas, descentralizadas,
municipales y ong.
Con este pÃrrico presupuesto, la CCRD difÃcilmente pueda realizar una amplia, efectiva y
oportuna labor de fiscalización, como lo espera la ciudadanÃa. Sin embargo, hay otras
instituciones, que no tienen razón de ser y que no realizan ninguna labor, que reciben una
asignación mucho mayor.
En conclusión, consideramos que se deben fortalecer aquellos ministerios e instituciones
públicas que realmente cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, que tienen una
gran responsabilidad con la sociedad.
El autor es Contador Público Autorizado y Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la Rep
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