
“Este contrato debe eliminado y debe ser una iniciativa del Gobierno dominicano”, proclamó Galán.
“Estamos en el momento, exactamente para que la Autoridad Portuaria, en este caso Aduanas y el Gobierno establezcan los mecanismos legales para dejar ya rescindido este contrato”, expresó.
Galán recordó que el acuerdo aprobado en el Congreso Nacional el 18 de julio del 2002, bajo las firmas de José Miguel Soto Jiménez, en representación del Estado y por la ICSSI S.A., la señora Belinda Galván, viuda del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Juan René Beauchamps Javier, entregaba a esta última por 10 años (con renovación automática de otros 10) la revisión de las cargas que llegan por los puertos marítimos, a través del referido sistema.
El también presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Senado dijo que en el 2006 fue sometido un adendum y contrato los senadores constataron que era oneroso para el Estado.
“En esta comparación se constató que el contrato y su adendum son onerosos para el Estado, por los usuarios y empresas sujetas a la inspección por este sistema verificando que en él se establecen tarifas con valores mínimos a ser pagados por la empresa ICSSI lo que significa que las compensaciones en el Estado dominicano no lo pagará esa empresa sino los usuarios”, manifestó Galán.
Indicó que por “medio de estos contratos, producto a una engañosa propuesta, ajena a la más elemental ética comercial, el Estado dominicano fue inducido a otorgar privilegios irritantes a las empresas ICSSI. SA, y a convenir clausulas leoninas en perjuicio y contrarias al orden publico”.
Galán señaló que “ese contrato estaba establecido para diez años y prorrogable diez años y nunca ha entrado en ejecución”.
El Gobierno dominicano través de la Dirección General de Aduanas (DGA) todavía espera que un tribunal decida sobre la demanda en nulidad incoada hace casi ocho años contra un contrato firmado por las Fuerzas Armadas para instalar un sistema de Rayos X en los puertos dominicanos.
La demanda que presentó la DGA en octubre del 2004, al inicio de la gestión del fenecido Miguel Cocco Guerrero, está en estado de fallo y a la espera de que se designe un juez en el Tribunal Superior Administrativo, según supo DL.
Recientemente, Aduanas volvió a reiterar su negativa a poner en vigencia el contrato firmado en el 2002 entre el Estado dominicano y la empresa ICSSI, SA, por considerarlo oneroso y poco transparente.
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