Alianza Cristiana, Católicas por el Derecho a Decidir y madre de "Esperancita" presentan acción de inconstitucionalidad contra nuevo Código Penal

“NUNCA MÁS OTRA MADRE DEBERÍA PASAR POR ESTE SUFRIMIENTO", EXPRESÓ ROSA HERMINIA HERNÁNDEZ”. Santo Domingo. – En un histórico acto de defensa de los derechos fundamentales, Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte "Esperancita" (adolescente fallecida en 2012 por falta de atención médica durante el embarazo), presentaron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra varios artículos del nuevo Código Penal. La acción, interpuesta ante el Tribunal Constitucional, impugna los artículos 106, 107, 108,110 y 111 de la Ley 74-25 (Código Penal dominicano), que mantienen la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, sin contemplar excepciones, y ponen en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas en situaciones extremas. La audiencia de la acción tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio.Una lucha por la vida y la dignidad "Mi hija Rosaura murió siendo una adolescente de 16 años porque se le negó el tratamiento médico que necesitaba por estar embarazada. Nunca más otra madre debería pasar por este sufrimiento", expresó Rosa Herminia Hernández, co-accionante en la demanda, cuya hija falleció en 2012 con diagnóstico de leucemia durante las primeras semanas de embarazo. La ADI argumenta que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo viola derechos constitucionales fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, la dignidad y la igualdad, consagrados en los artículos 37, 38, 39, 42,44, 56 y 74 de la Constitución Dominicana. A rgumentos jurídicos fundamentales La demanda sostiene que la inclusión de excepciones es una exigencia constitucional, pues el derecho a la vida del artículo 37 debe interpretarse en armonía con los derechos de la mujer embarazada, no como una protección absoluta que sacrifique su vida y dignidad. Indica que más del 70% de los países con protección constitucional de la vida prenatal despenalizan la interrupción del embarazo en causales extremas, como Ecuador, Chile y Perú. Las accionantes también denuncian el artículo 111 (que se presenta como una supuesta eximente) por ser ambiguo, incompleto y disfuncional, generando inseguridad jurídica y un "efecto inhibidor" en los profesionales de la salud, que por miedo a sanción penal no toman medidas urgentes a tiempo, lo que termina costando vidas. Además, el artículo 110 habilita abortos forzosos, en contra de la voluntad de la mujer, violando el derecho al consentimiento informado y configurando un trato cruel, inhumano o degradante. “Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o ninguna niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la cárcel, porque la Constitución dominicana las protege”, expresó la abogada constitucionalista Patricia Santana Nina, parte del equipo legal que lidera la acción y que también está compuesto por Cristóbal Rodríguez Gómez, Ivanna Molina Peña,Luis Fernández Budajir, Tamara Aquino Veras y Pedro Castellanos Hernández. Impacto real en las familias dominicanas La evidencia presentada en la ADI muestra el impacto devastador de la legislación actual: 585 niñas entre 11 y 14 años se convirtieron en madres en 2024; mientras que 62 casos de aborto y 16 de tentativa fueron sometidos a proceso entre 2017-2022, según Procuraduría General de la República. El documento señala los casos de Adilka Feliz, fallecida en 2024; Carmen Dionelys Martínez Bonilla, quien murió a las 20 semanas de embarazo, padeciendo de falcemia que se había complicado desde el inicio del embarazo y se negaron a interrumpirlo; así como Winifer Núñez Beato, fallecida en 2021 producto de un embarazo con feto inviable, dejando a una niña de dos años huérfana y a un esposo viudo. Perspectiva cristiana "La fe cristiana nos llama a alzar la voz por la inclusión de excepciones en la ley por el bien de las familias dominicanas que están sufriendo", afirmó la representante de Alianza Cristiana Dominicana. La demanda destaca que la Biblia nunca condena explícitamente la interrupción del embarazo y que el pueblo dominicano, mayoritariamente cristiano, respalda la despenalización en circunstancias extremas. "Estamos defendiendo que la Constitución no protege una vida en abstracto, sino que exige preservar la vida humana en condiciones de dignidad", explicó el equipo legal de las organizaciones. Petitorio Las accionantes solicitan al Tribunal Constitucional: 1. Declarar la inconstitucionalidad parcial de los artículos impugnados 2. Establecer una interpretación armónica que permita la interrupción del embarazo en las tres causales: peligro para la vida y la salud de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación/incesto 3. Garantizar el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres dominicanas 2 Sobre las accionantes - Rosa Herminia Hernández: Madre de Rosaura "Esperancita", símbolo de la lucha por el

derecho a la vida y la inclusión de excepciones legales a la interrupción del embarazo. - Alianza Cristiana Dominicana es una organización de fe comprometida con la justicia social, la dignidad humana y los derechos de las mujeres. Desde una perspectiva cristiana inclusiva, promueve el diálogo entre la fe, la ética y los derechos humanos, abogando por políticas públicas que protejan la vida y la salud de las mujeres, incluyendo la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales en la República Dominicana. Su trabajo articula reflexión teológica, incidencia social y acompañamiento comunitario, contribuyendo a construir una sociedad más justa, compasiva y equitativa. - Católicas por el Derecho a Decidir RD es un movimiento de personas católicas feministas que promueve la justicia social, la dignidad humana y la autonomía de las mujeres y las niñas. Desde la teología feminista, defiende la libertad de conciencia como un principio fundamental de la fe, reconociendo la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones responsables sobre sus vidas, incluyendo su salud sexual y reproductiva. Trabaja por transformar los patrones culturales que limitan sus derechos, afirmando que la fe y los derechos de las mujeres no son opuestos, sino compatibles en la construcción de una vida plena y justa.