Advirtió que la democracia tiene un costo que el Estado debe asumir con responsabilidad, asegurando condiciones de equidad y fortalecimiento institucional para todas las organizaciones políticas.
Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, expresó su respaldo al financiamiento público de los partidos políticos, al considerar que constituye un mecanismo esencial para garantizar la democracia, la equidad electoral y la transparencia en el sistema político dominicano.
Vicente valoró como oportuna la advertencia realizada por la Junta Central Electoral sobre los efectos que tendría una reducción presupuestaria en las actividades de las organizaciones políticas, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
“El financiamiento público no debe verse como un privilegio para los partidos, sino como una inversión del Estado en la democracia, la estabilidad institucional y la participación política”, manifestó.
Indicó que los recursos que reciben las organizaciones políticas permiten fortalecer la formación de sus dirigentes, promover la participación de mujeres y jóvenes, desarrollar procesos internos democráticos y garantizar un funcionamiento permanente más allá de los períodos electorales.
El catedrático universitario Pablo Vicente sostuvo que el financiamiento público debe ir acompañado de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, exhortó a los partidos políticos a cumplir rigurosamente con las obligaciones legales de presentar informes financieros claros, auditables y accesibles a la ciudadanía.
“Así como defendemos el financiamiento público, también debemos exigir una cultura de responsabilidad, control y fiscalización sobre el uso de esos recursos. La confianza ciudadana se fortalece cuando existe transparencia”, afirmó.
El presidente de FUJUDEL consideró además que debilitar financieramente a los partidos podría abrir espacios peligrosos para el incremento de fuentes privadas de financiamiento sin controles adecuados, afectando la equidad en la competencia electoral y aumentando riesgos de influencia indebida en la política.
El especialista en derecho electoral Pablo Vicente reiteró que la democracia tiene un costo que el Estado debe asumir con responsabilidad, asegurando condiciones de equidad y fortalecimiento institucional para todas las organizaciones políticas. Asimismo, sostuvo que cualquier discusión sobre la reducción del financiamiento público debe realizarse con visión de Estado, tomando en cuenta el impacto que tendría sobre la calidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en los procesos electorales.
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