Miami
- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación tras la presentación de un proyecto de ley en Perú que, en caso de ser aprobado, limitaría y amenazaría la labor informativa de periodistas y medios de comunicación sobre asuntos de interés público.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, expresó que el proyecto de ley presentado ante el Congreso peruano el 20 de diciembre "busca criminalizar la información, lo cual generaría autocensura de medios y periodistas para evitar represalias. Amparándose en la ley, tratan de acallar a la prensa".
El partido Perú Libre sometió una iniciativa para modificar el artículo 131 del Código Penal, que aumentaría la sanción de días-multa por el delito de calumnia, y el artículo 132, que incrementa de tres a cinco años de prisión la sanción por el delito de difamación cometido en "libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social".
Esta propuesta, que ya fue debatida y rechazada en segunda votación en junio, será abordada inicialmente por una comisión del Congreso que evaluará si debe pasar al pleno.
Por su parte, el Bloque Magisterial propuso ese mismo día otro polémico proyecto de ley que, ante los cuestionamientos de organismos locales de prensa, fue retirado de la discusión, según informó la prensa local. Sin embargo, en la página oficial de Congreso el proyecto continúa en curso. La iniciativa dispone la enmienda del artículo 409 del Código Penal para penalizar con castigos de entre tres y cinco años de cárcel, la difusión de información reservada, secreta o confidencial, afectando a fuentes periodísticas, periodistas y medios.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, dijo que la aprobación de la iniciativa "representaría un serio obstáculo para el trabajo periodístico y el papel de fiscalización que debe ejercer la prensa en una sociedad democrática".
Rock y Jornet recordaron que un informe de la Unesco advirtió sobre la tendencia en algunos países de las Américas a endurecer o reintroducir disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria, con un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
Desde hace varias décadas, la SIP lidera una campaña a favor de la despenalización de la injuria y la calumnia, delitos que muchas veces invocan los políticos y personas públicas para acallar voces críticas. Si bien en las Américas varios países han descriminalizado la difamación en los últimos años, otros como Perú siguen recurriendo a estas leyes arcaicas con el fin silenciar la crítica.
El punto 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: "La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público". Y el punto 11, deja claro que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad".
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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