Desde hace mucho tiempo los ricos y algunos sectores que odian a los pobres y no a la pobreza han venido satanisando los fondos que reciben los senadores , diputados y el Despacho de la Primera Dama para asistencia social y que los mismos deberían manejarlo instituciones porque alegadamente esos recursos "se lo robaban", cosas estas que no se sustentan porque lo que deben es fiscalizar a todas las instituciones por igual como lo hacen con las Organizaciones No Gubernamentales.
Para las personas que siemre es navidad ,para alimentarse no tienen que trabajar el día y comer en la noche o durar varios días trabajando para poder comer junto a sus familias ,desconocen lo que es tener un hijo enfermo,tener que intervenirlo quirúrgicamente y no contar con los recursos necesarios para dicha operación y ver a tu hijo,tu hermano o tu mujer morirse en sus brazos.
Así como también en caso en que fallecen no tienen donde sepultarlos, ni un ataud para darle cristiana sepultura, pero esas situaciones la desconocen los Farides Raful,Antonio Taveras y los Castillo,porque sus representados solo son buscados por las bases de los partidos que lo postulen el día de las elecciones y luego si te he visto no me acuerdo.
Pero el que tiene que escuchar para legislar, fiscalizar y representar ,tiene que estar en contacto con los ricos y con los pobres de solemnidad aquellos que se le acaba la pasta dental,el gas licuado de petróleo y el jabón para asearse.
Ante esta propuesta sometida por el el presidente Luís Abinader y secundada por los que desconecen la amarga realidad de los que viven en la extrema pobreza ,sino se crean oficinas de asistencia social provincial que le de respuestas a estos casos por los que atraviesan los excluidos sociales ,pueden desatarse crisis sociales y políticas de consecuencias impredecibles.
Bajo el marco de distribución actual, las provincias con mayores asignaciones presupuestarias son: San Cristóbal, con RD$1,059,000.00, la Vega (RD$944,000), Puerto Plata (869,000) y San Pedro de Macorís (RD$859,000).
El monto total, es de RD$21,141,000 y excluye las provincias de Santo Domingo y Santiago y el Distrito Nacional por decisión propia de sus representantes.
Aprobación
La propuesta de eliminación del barrilito realizada por Abinader forma parte de un conjunto de medidas que procuran mejores niveles de institucionalidad en el Estado.
Entre ellas una modificación constitucional para impedir sea modificada según las pretensiones del gobierno de turno.
Sobre el particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia valoró como “altamente positivo el anuncio realizado por el Presidente Abinader de poner en marcha este conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones”.
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