La agencia
recaudadora informa que no descarta perseguir y procesar a empresas
beneficiarias de esquemas de defraudación desarrollado con facturas falsas con
valor fiscal que buscaban reducir o extinguir los impuestos a pagar.
SANTO DOMINGO, República
Dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a un asesor fiscal
y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias”
para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro
Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la
Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía
económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional
y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.
La DGII ofreció oficialmente la información en un despacho de prensa
mediante el cual manifestó que –de acuerdo con el expediente preparado para el
sometimiento- Rosario Vicente y Sánchez Pérez reportaban sumas millonarias de
costos y gastos irreales buscando reducir o extinguir los impuestos a pagar de
parte de contribuyentes.
Los imputados, asociados con “empresarios” y colegas, también se
dedicaban a duplicar la secuencia de los números de comprobantes fiscales de
otros contribuyentes, hoy víctimas y afectados, incurriendo en violación a los
artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y los artículos
236, 237 y 239 del Código Tributario, que tipifican y sancionan la fabricación
de documentos públicos, el uso de documentos falsos, asociación de malhechores,
estafa y defraudación.
La DGII, con el apoyo permanente del Ministerio Público, durante varios
meses llevó a cabo una ardua investigación por denuncias interpuestas contra
los imputados, que implicó el análisis de los perfiles de contribuyentes que
han permitido evidenciar defraudaciones por sumas millonarias en contra del
Estado Dominicano.
El tribunal ponderó en la imposición de la medida de coerción que,
ciertamente, el imputado Franklin Rosario Vicente, a quien le fueron ocupados
124 sellos, facturas y documentos corporativos de las sociedades utilizadas
para la generación irreal de costos y gastos a favor de otras, se dedica a las
prácticas delictivas señaladas.
“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia
de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no
incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan
actividad comercial”, declaró la DGII.
Asimismo, la DGII informó que no descarta perseguir y procesar a las
empresas beneficiarias de los esquemas de defraudación antes referidos,
incluyendo la posibilidad de sometimientos por lavado de activos, tomando como
delito precedente la defraudación tributaria. Dijo que muchas de las sociedades
beneficiaras del fraude han sido ya citadas y que ha ampliado las
investigaciones para detectar cualquier nivel de complicidad.
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