Por: Alfredo Cruz
Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com
A partir de la
crisis hipotecaria e inmobiliaria que sacudió a los Estados Unidos y a Europa
en el año 2008, se generó una crisis financiera y económica mundial, debido a
la emisión de bonos y a financiamientos amparados en hipotecas denominadas “basura”, es decir, en títulos de
propiedades, cuyo valor real estaba colocado muy por debajo del valor de
mercado, llevando a la quiebra a grandes bancos, como el Leman Brothers.
A partir de ese
momento se hizo recurrente el término “basura”, para denominar a todas aquellas
operaciones comerciales e informes financieros que carecen de los debidos soportes
y registros contables.
La mayoría de las
veces éstas se suministran sólo para cumplir con los requisitos exigidos por
las leyes y por los órganos de control, como la Cámara de Cuentas de la
República, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Dirección
General de Presupuesto, pero que no responden a la realidad, ya que carecen de
toda veracidad.
Cuando se
suministran informaciones incorrectas o falsificadas, esto constituye un hecho
muy grave, pues conlleva a que dichos organismos incurran también en errores,
al tomar decisiones basadas en ellas, lo que compromete la credibilidad y la
imagen de los mismos, y hasta la del propio Estado.
Esta es la
realidad de muchas instituciones municipales y de algunas descentralizadas, las
cuales presentan informes de ejecución presupuestaria que no corresponden con
los resultados de las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas. Esto
responde a la falta de una cultura de rendición de cuentas y a la falta de la
aplicación de un régimen de consecuencias, es decir, de que se apliquen las penalidades
contempladas en las leyes.
Imaginémonos que
una institución municipal, pública o descentralizada, solicite un préstamo a un
organismo internacional, amparada en estados financieros soportados con
informaciones viciadas o falsas. Esto puede acarrearle graves consecuencias a
la institución que lo solicita, a los órganos de control, que están en la obligación
de fiscalizarla y a la propia imagen del país.
Por esta razón, soy
de opinión, que cuando se compruebe que las informaciones suministradas por las
diferentes instituciones que cometan esta aberración, estas sean sancionadas
con fuertes medidas disciplinarias, tanto para quien lo hizo, como para su
principal incumbente.
Todas estas
irregularidades y distorsiones salen a relucir en la mayoría de los informes de
auditoría que realiza a la Cámara de Cuentas a los ayuntamientos y distritos municipales
de todo el país.
La falta de un adecuado sistema de
Contabilidad, de controles efectivos, de una cultura de rendición de cuentas y
de voluntad política, son las causantes principales de este mal en las instituciones
públicas.
Por más
insistencias y presiones que se les hacen a dichas instituciones, no se logra
que las mismas cumplan con las normativas vigentes, por lo que se hace
necesario que se aplique un régimen de consecuencia más drástico.
En el caso de
las municipalidades, una manera de hacer cumplir las disposiciones legales es disponer
que a las que no cumplan con la rendición de sus informes, la Tesorería
Nacional le retenga los fondos de inversión, lo cual estaba establecido en la
ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2013.
En conclusión, los
incumbentes que dirigen las instituciones públicas, descentralizadas y
municipales, deben tratar de sanear las informaciones de éstas, para que las mismas
respondan a la realidad, que estén bien soportadas, transparentadas y que
sirvan de base para la toma de decisiones correctas y oportunas, logrando con
esto obtener la confianza perdida.
El Autor es Miembro de la Cámara de
Cuentas de la República
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