Por: Alfredo Cruz Polanco(alfredocruzpolanco@gmail.com)
El Estado
dominicano ha sufrido en toda su vida republicana muchas Reformasy varios procesos
de modernización, pero aun así continúa padeciendo de una serie de debilidades
y deficiencias administrativas, por lo quesus instituciones deben ser evaluadas
y sometidas a una reingeniería, en base a su misión y a los resultados
alcanzados, pues el Estado es una empresa que procura un crecimiento y beneficio social.
No se debe continuarmanejando el
Presupuesto de manera alegre, sin planificación ni objetivos claros,manteniendo
en el Organigrama Funcional del Estado ainstituciones disfuncionales,
limitándoseal pago de nóminas improductivas, tirando por las bordas los
recursos públicos, mientras el país arrastra una deuda externa casi insostenible,
un acentuado déficit fiscal y una gran deuda social
acumulada.
Este Organigrama debe
corresponderse con la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2012-2030, creada mediante la ley 1-12.
Para poder alcanzar y cumplir con
la misma, se requiere deinstituciones fuertes, eficientes, transparentes,que
cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas y que contribuyan con
el desarrollo del país, pues con instituciones inoperantes jamás cumpliremos
con dicha Estrategia. El mejor ejemplo lo constituyen los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, pues apenas se ha podido cumplir parcialmente con
algunos de ellos.
Existen instituciones con un alto
presupuesto asignado que no generanun valor agregado, que no tienen razón de
ser, por lo que deben ser refundidas o eliminadas, pues sólo sirven de carga
para el Estado,mientras otras, que rinden eficiente y adecuadamente su función,
se manejan con un presupuesto insuficiente.
Para este año el Presupuesto
General del Estado ascenderá a seiscientos treinta mil millones de pesos. Si se continúa con la práctica
de crear más municipalidades e instituciones parasitarias, la cantidad que le
corresponderá a las mismas será cada vez menor.
Algunas de éstas son reconocidas
como modelo a seguir, supuestamente por su buen desempeño y por cumplir con los
estándares de calidad, pero cuando son fiscalizadas por los órganos de control,
revelan violaciones a las leyes, a los sistemas de control, deficiencias
administrativas, uso indebido de los recursos públicos, falta de transparencia,
etc.
El organismoresponsable de
otorgar estos reconocimientos debe exigirles a las instituciones galardonadas
un informe de Auditoría de su Ejecución Presupuestariapara comprobar queefectivamente
cumplen con las leyes, queson transparentes y eficientes en el manejo de los
recursos públicos.
De no hacerse así, seguiremos
sumergidos en el subdesarrollo, y en vez de hacerle un bien, le hacemos un gran
daño al país y al fortalecimiento institucional.
El Autor es Miembro de la Cámara de
Cuentas de la República
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