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El portavoz del Gobierno dominicano dio a conocer esta noche la posición oficial de la República Dominicana en la que rechaza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
A continuación, la declaración leÃda por el también director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto RodrÃguez Marchena:
El Gobierno dominicano rechaza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia de 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
De la misma forma, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artÃculo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.
El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanÃa dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el paÃs tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequÃvoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.
Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafÃos que enfrentamos en materia de documentación.
Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro paÃs en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones.
Cabe mencionar entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el paÃs.
Asimismo, como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera lÃnea.
Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro paÃs y la República de Haità han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructÃfero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.
Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haità para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.
Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habÃamos trazado y que avanza por buen camino.
Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanÃa de la República Dominicana, mantener la estabilidad polÃtica y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacÃfica.
Por todo lo anterior, el gobierno de la República Dominicana sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, polÃtica y económica de nuestro paÃs.
En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido, y será el mismo: construir un paÃs sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.
Finalmente, debemos recordar que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentarÃa contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, las sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.
En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legÃtimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana. |
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