
Estos
centros comunitarios facilitan acceso a la justicia a los más necesitados,
promueven los derechos humanos, al tiempo que vincula las comunidades con sus
autoridades.
Espinal Báez
expresó, que “el acceso a la justicia asume dimensiones destacadas para medir
la calidad de la democracia y se convierte
en un factor importante para la estabilidad de la misma, por lo que
desde 2006 las CCJ hace su aporte influyendo en disminuir la desigualdad para contribuir a la paz social”.
Dijo que la
debida protección de los derechos de las personas, pasa por la “transformación
de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la
subordinación de grupos de mujeres, presos, migrantes, discapacitados, menores,
ancianos y poblaciones de bajos ingresos”.
En ese orden
indicó que desde la organización han atendido más de setenta mil mujeres y que
de 51, 560 casos han resuelto más de la mitad con los métodos de resolución de
conflictos, parte el programa de justicia de Participación Ciudadana.
El trabajo
de las casas es un esfuerzo conjunto de instituciones públicas, privadas y de
la sociedad civil para apoyar el sistema de justicia dominicano, que enfrenta
desafÃos de humanización y acceso a los ciudadanos, como sobrepoblación
carcelaria.
Sobre lo que
el presidente de las CCJ acotó que también precisa de readecuación de su presupuesto
y completar el proceso de reformas que consolide la institucionalidad y la
protección de la cosa pública, para un marco jurÃdico que ofrezca seguridad y
facilite las inversiones y la competitividad.
Espinal Báez
expuso sobre la “experiencia de las Casas Comunitarias de Justicia, como modelo
de garantÃa de los derechos colectivos y difusos”, en el marco del desarrollo
del VI Congreso de la Asociación Interamericana de DefensorÃas Públicas,
"Constitución, Garantismo, Acceso y Derechos Huma-nos: Un reto para
América Latina y el Caribe", que se celebró la pasada semana en el hotel
Hilton.
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