Instituto de Contadores se opone a que notarios legalicen declaraciones juradas de funcionarios

Advierten no poseen las competencias

El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), se opone a que sean los notarios públicos quienes legalicen las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, como lo especifican los artículos 26 y 27 del capitulo 4, en el proyecto de ley sobre salarios públicos, que se discute en el Senado. Pedro Matos, presidente del ICPARD enfatizó en rueda de prensa celebrada es jueves, que es a un contador Público Autorizado (CPA), o una Firma de Contadores activa, registrada en ese instituto, a quien compete emitir y dictaminar la declaración jurada, en la que un funcionario declara su patrimonio al momento de tomar posesión o salir de un cargo público. Argumentó que es este profesional y no otro, a quien debe indicar la ley, por razones de que posee la competencia necesaria para aplicar las normas y procedimientos que requiere la referida declaración. Al señalar el articulo 22 del referido ante proyecto, el Presidente del ICPARD, enfatizó que un funcionario no debe trabajar en el Estado en dos lugares a la vez, aun sea en horarios diferentes, debido a que el Estado no posee mecanismos de supervisión para determinar la efectividad de ambos horarios. Entienden que el servidor público que desee producir en el tiempo libre debe hacerlo en el sector privado. La institución que agrupa a los contadores sostiene, que el funcionario que administra bienes del Estado debe acogerse a la ley 126-01 que exige una contabilidad patrimonial actualizada de las diferentes instituciones del Estado. “Hacemos un llamado los legisladores en lo referente al artículo 34, que fija un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigencia de esa ley, para que cada una de las instituciones, presente un inventario de todos los vehículos de motor a la Contraloría General de la República a los fines de control y fiscalización de esos bienes”, proclamó Pedro Matos. Manifestó que esto no solo incluye los vehículos de motor, sino también a todos los bienes de la institución, por lo que recomiendan que al momento de entrar en vigencia esa ley, la Contraloría General de la República debe exigir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental el informe patrimonial actualizado. En rueda de prensa realizada el la sede de la ICPARD, Pedro Matos estuvo acompañado del Vicepresidente Ramón Perelló, Felipe Montero, secretario y francisco Acosta, Tesorero de la entidad.