El abogado perredista Roberto Faxas Sánchez calificó como un latrocinio el embargo encoado a la AlcaldÃa de este municipio por un ex funcionario de ese emporio edilicio.
Faxas afirmó que, aunque este embargo es legal, el arquitecto VÃctor Minier por la forma de bloquear las cuentas de este ayuntamiento es pasible de ser sometido a la justicia.
Pidió al Ministerio Público activar la acción contra de Minier porque existe un expediente penal en su contra.Sostuvo que el embargo perjudica considerablemente a la población san cristobalense porque deja de percibir recursos que podrÃan ser invertidos en obras de bien social.
El abogado y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) criticó el hecho de que Minier solicitara mediante acto de agualcil a los regidores de la Sala Capitular incluir la supuesta deuda en el Presupuesto del próximo año.
“Lo primero que debemos decir que este negocio realizado por VÃctor Minier al vender 33 tareas a la AlcaldÃa de San Cristóbal en el año 2006 la consideramos burda e ilegal y una burla a la ciudadanÃa de esta pujante comunidad”, enfatizó Faxas.
Y a seguidas agregó: “este sujeto de marras tiene la cachaza de intimar mediante acto de alguacil a los ediles de esta AlcaldÃa para que la deuda sea incluida en el Presupuesto del 2011 y en ese sentido nosotros vamos actuar de manera legal contra esta acción”.
El arquitecto VÃctor Minier, dirigente de la Zona M del Partido Revolucionario Dominicano, exige el pago de 142 millones de pesos al cabildo de San Cristóbal por concepto de pago de un contrato de venta de unos terrenos ubicados en los alrededores del Cementerio Municipal.Minier al momento de realizar la transacción se desempeñaba como director de la Oficina del Plan Estratégico y Regulador de la AlcaldÃa de este municipio.
La ley 120-01 impide la negociación entre empleados y la institución.Esta venta se realizó en el perÃodo de transición del año 2010 por lo que toda negociación durante el mismo debe ser aprobada por la Liga Municipal Dominicana.Según un informe de la tasación de estos terrenos establece que los mismos han sido sobrevaluados 15 veces por encima de su precio real.
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