Revoca hipoteca judicial contra proyecto Punta Perla
Tribunal deja sin efecto medidas contra el empresario Ricardo Miranda
SANTO DOMINGO.-La jueza titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto la solicitud de medidas de coerción contra el empresario español Ricardo Miranda Miret y revocó la hipoteca judicial por 200 millones de dólares sobre los terrenos del proyecto turístico Punta Perla que dictó un juez interino el pasado 3 de agosto.
La magistrada Clara Luz Almonte Gómez acogió el retiro formal de la solicitud de medidas de coerción realizada por el Ministerio Público a través del licenciado Dante Castillo Medina, Procurador Fiscal Adjunto adscrito al departamento de Investigaciones de Casos Mayores, y de la licenciada Wendy Lora Pérez, Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional.
La coerción y las garantías económicas fueron dictadas por González Castillo en base a una querella presentada por los españoles Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez, quienes aparecen entre los principales imputados del caso Malaya y deberán asistir a juicio de fondo en Málaga España el próximo 27 de septiembre. Ambos enfrentan una petición de la Fiscalía española de 22 años de cárcel por la imputación de los delitos de cohecho, malversación, fraude contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y soborno a funcionarios públicos.
Las medidas contra el presidente de Punta Perla fueron dispuestas por el juez suplente durante una audiencia en la que Miranda Miret no fue citado regularmente y en ausencia de la fiscal investigadora de la querella.
La defensa de Miranda Miret, representada por los abogados Eric Omar Fatule Espinosa, Yngrid Hidalgo Martínez y Armando Paino Henríquez Dajer, expuso ante el tribunal que su cliente fue citado irregularmente porque la ley dominicana obliga a citar con 60 días de anticipación a un ciudadano residente en España y en esta ocasión entre la cita y la audiencia sólo mediaron 6 días. Además, exige que la cita sea presentada en su domicilio regular, en este caso en Madrid.
Miranda, quien es presidente del proyecto turístico Punta Perla, iniciado en la zona de Punta Cana, provincia Altagracia, regresó al país, según explicaron sus abogados, tan pronto se enteró de la decisión y se reunió con las autoridades del Ministerio Público para clarificar su situación. La Fiscalía del Distrito Nacional dispuso retirar la querella en su contra.
El juez suplente González Castillo fue sometido a juicio disciplinario ante la Suprema Corte de Justicia por el doctor Carlos Olivares, de la defensa de Miranda, acusado de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, mientras se desempeñaba como juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional durante la audiencia del pasado 3 de agosto
Entre las alegadas irregularidades cometidas por el magistrado interino figura la emisión de una resolución de medida de coerción horas antes de la solicitud.
“La solicitud está fechada a las 1:40 de la tarde del día 11 de agosto, y la resolución “correctiva” está fechada a las 10:30 de la mañana del mismo día, por lo que fue emitida una hora y diez minutos antes de la solicitud, y sin citar a las empresas que serían afectadas”, expone la querella sometida por el doctor Olivares.
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