
Al reclamar que esa medida no se haga efectiva, el lÃder opositor aseguró que el nuevo impuesto afecta a la clase media y a los sectores más pobres del paÃs, y entra en contradicción con la anunciada estrategia del Gobierno de reducir la brecha digital y modernizar la educación dominicana.
Dijo que al subir el impuesto del 3 al 20 por ciento, la disposición aduanal representa un alza efectiva de un 666 por ciento, lo que se suma a la ya desmedida carga fiscal superior al 30 por ciento que ya afecta los servicios de telecomunicaciones en el paÃs.
Resaltó que al encarecer los aparatos de telefonÃa portátil, el gobierno provocará como daño colateral un incremento del robo de esos aparatos, preferidos de los delincuentes que se han adueñado de las calles en las principales disuades del paÃs.
Resalta fervor por inscripciones
El economista y lÃder polÃtico habló sobre el tema luego de visitar en Villa Juana una de las estafetas de inscripción en el PRM que promueve su corriente Luis Abinader Presidente. Luis se expresó su satisfacción por la gran cantidad de ciudadanos que abarrotaban el centro y agregó que ese flujo se corresponde con el fervor que se observa en todo el paÃs con la necesidad de un cambio del modelo de gobierno peledeÃsta.
También sostuvo un encuentro Escuchando a la Gente con representantes comunitarios de la zona en el local de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical.
Abinader respaldó la posición fijada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de su secretarÃa nacional técnica y de polÃticas Públicas, que rechazó la medida por entender que aumentarÃa la brecha digital y la desigualdad social y económica en el paÃs.
Validó la observación del órgano técnico del PRM de que el nuevo gravamen convertirÃa a República Dominicana en el paÃs con la carga fiscal más elevada de la región, mientras que en paÃses como Panamá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Perú mantienen una tasa cero para incentivar la innovación, la competencia y eliminar la brecha digital.
El economista coincidió también con otras instituciones vinculadas al mundo digital que han denunciado la medida por tener un impacto negativo en la población y porque terminarÃa impidiendo el acceso a la información, a los servicios públicos, a la educación, y otros derechos establecidos en la Constitución Dominicana.
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