El MIU cree legítima decisión Congreso cuestionar gestión Marranzini en la CDEEE



SANTO DOMINGO.-El Movimiento Izquierda Unida (MIU) estimó legítima la preocupación del Congreso Nacional respecto a la gestión del licenciado Celso Marranzini al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), debido a que la solicitud de 500 millones de dólares más para el pago de deudas de ese emporio no se corresponde con los más de mil millones de pesos que reciben anualmente los generadores eléctricos para el desarrollo de ese sector.

La organización de izquierda que integra el gubernamental Bloque Progresista, afirma que esos cobros son una estafa en vista de los leoninos contratos en que se basan, pese a los supuestos avances de la nueva administración de la CDE, puesta exclusivamente en manos del intermediario eléctrico Celso Marranzini. 

EL MIU denunció que el secuestro de la dirección del sector eléctrico por parte de la corriente neoliberal que se mueve en la oscuridad dentro del gobierno del PLD, ha llevado a una situación en la que la CDEEE favorece únicamente a los sectores privados asociados con el negocio de la energía.

Demandan la organización que Celso Marranzini, como funcionario público, se someta al escrutinio de los legisladores para que explique los beneficios extras que viene obteniendo con las influencias a favor de la empresa Multiquímica, de la cual es propietario y que se dedica a negociar energía sin producirla.

Se pregunta el MIU cuánto se beneficia la empresa de Marranzini al vender energía a las empresas asociadas a un menor precio que el que pagan los consumidores corrientes, cuando se jacta en denunciar que su precio, en general, está devaluado en casi un 30 por ciento menos que su costo.

El Congreso Nacional tiene serias dudas sobre la transparencia del manejo financiero de la CDEEE y en función de ello debiera denegar la petición de crédito, que es una muestra fehaciente de que la proclamada mejoría en las recaudaciones del sector no son más que una falacia del actual VP de la CDEEE. 

Los fondos solicitados actualmente se obtendrían por la vía de bonos, debido a que ya no se pueden obtener por fuentes concesionarias, como fueron los fondos de PetroCaribe, en el 2009, y los del Banco Mundial y el BID, en 2010 y 2011.

La banca múltiple internacional financiaba gustosamente esas operaciones porque la privatización era la piedra angular de su política económica, pero hasta ellos se han dado cuenta que el sistema eléctrico dominicano es un barril sin fondo constantemente vaciado por unos pocos generadores e intermediarios como Marranzini.

Para los países progresistas que apoyan al país en materia energética ante los embates de la crisis internacional, no puede ser más frustrante la situación de extorsión en que se encuentra sometido el país por parte de un puñado de generadores.

Para el MIU, la situación del sistema eléctrico es la clave para poner en evidencia si el nuevo gobierno será capaz de corregir lo mal hecho y hacer lo que nunca se hizo.

La acusación de Marranzini a sus críticos, de que buscan sustituirlo en el cargo, deja claramente en la palestra la necesidad de dar por concluida esta fase de retroceso institucional y operacional en que ha sumido el sistema eléctrico.

Debe recordarse que en mayo del 2011 ya hubo una propuesta de interpelación en el Senado que fue entonces desestimada por la mediación del Superintendente Eléctrico. Las recientes declaraciones a favor de la indefendible gestión de Marranzini, formuladas por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, del dirigente del PLD Franklin Almeyda, y por Antonio Ramos, Presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, no van más allá de consideraciones generales derivadas de simpatías personales o intereses grupales, pero no aportan prueba alguna que refute las acusaciones, ni la insoslayable necesidad de efectuar la interpelación.

En la mañana del 25 de junio, Celso Marranzini compareció ante la Comisión Bicameral encargada de llevar adelante la interpelación. Sus declaraciones continuaron su habitual línea de defensa, que elude responder a la pregunta clave de esta cuestión: ¿Por qué el Estado y los contribuyentes dominicanos deben pagar elevados costos adicionales por un servicio para el que se destinaron, en su momento, enormes sumas del Presupuesto Nacional, sin haberse logrado garantizar un servicio estable, universal y de calidad?

Los únicos argumentos presentados por el Vicepresidente de la CDEEE, durante la interpelación, arrojan nuevas dudas sobre la lógica de su gestión institucional, pues afirmó haber economizado RD$ 101 946 millones por ahorro general y de gastos administrativos, reducción de costos y aumento de cobranzas, lo que haría virtualmente innecesario el presupuesto adicional, para subsidios, que ha estado reclamando. Y a pesar de que su reclamo es indefendible, reiteró su conocida frase de presión y chantaje al propio Estado, del que es funcionario, y a la ciudadanía, en general:

“Ustedes me dicen qué quieren, ¿que haya subsidio, o que haya aumento de tarifa”

Lo que la nación reclama al  Sr Marranzini va en otra dirección, aunque este finja ignorarlo: Ni más subsidios, ni aumentos de la tarifa eléctrica, sino mejor gestión y transparencia con los presupuestos estatales; menos ambiciones y afán de lucro de una camarilla irresponsable, única beneficiaria de la actual situación; y defensa de los intereses de la sociedad,  en su conjunto, no solo del sector privado neoliberal.

 La posición elusiva y prepotente del señor Marranzini ante la Comisión Bicameral que lo interpela expresa un problema aún mayor: el de la soberbia e impunidad de ciertos sectores empresariales, remisos a que el Gobierno, el Congreso, la opinión pública o la sociedad les exija rendir cuenta por  actos que afectan a todos, y resistentes, hasta el desacato, cuando alguna medida de beneficio popular pueda afectar sus fabulosas ganancias.

Para cambiar a Marranzini es necesario comenzar a quitarle de las manos el botín de guerra con que engordan sus finanzas, a expensas de los padecimientos del pueblo.  Y si las instituciones estatales, y la ciudadanía, no toman cartas definitivamente en el asunto, seguiremos padeciendo un servicio eléctrico no solo caro, sino ineficiente, mientras un reducido grupo se enriquece.

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