El abogado José
Ricardo Taveras solicitó hoy al presidente Danilo Medina, que a fin de
consolidar la coherencia de su decisión de escuchar el pueblo y decidir
conforme a sus aspiraciones de ser dueño de su propio destino, ordene al
consultor jurídico del poder ejecutivo para que proceda a retirar del Tribunal
Constitucional (TC) el acuerdo suscrito por el gobierno con los Estados Unidos
en relación con la pre-autorización en el transporte aéreo, a ser implementado
en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana: “Señor presidente, con todo respeto, le sugiero que ordene el retiro del acuerdo
USA-RD sobre pre-autorización en el transporte aéreo del Tribunal Constitucional,
por ser un instrumento lesivo a la soberanía nacional en la medida en que, mediante
disposiciones totalmente fuera de contexto, condiciona la soberanía nacional a
una supervisión anual de nuestras políticas sobre refugio por parte de los
Estados Unidos.”
Explicó que dicho
acuerdo se encuentra en el TC en cumplimiento del trámite de control previo de
constitucionalidad, sin que hasta la fecha se haya logrado su aprobación. Señaló que desluciría penosamente al Consejo
Nacional de la Magistratura, al TC y al propio presidente que se tome una
decisión favorable al convenio frente a la ampliamente difundida denuncia de
que uno de los nuevos jueces designados responde a los intereses de grupos
corporativos vinculados al turismo, sector que con todo derecho esta interesado
en el tema, razones más que poderosas para proceder al retiro puro y simple del
acuerdo.
El también secretario
general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que en el anexo se impuso a la República Dominicana, proveer
medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no
reúnan los requisitos internos no contemplados en los instrumentos
internacionales, “lo que obligaría al país a recibir los casos y a brindar
la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna
al respecto, situación que, unida a la subordinación convenida del Estado
dominicano a ser supervisado por los americanos anualmente en una política que
se supone de dominio reservado de nuestra soberanía, obligaría al TC, como garante
de la constitución, a desestimar pura y simplemente el acuerdo, lo cual tampoco
sería bueno para el país en virtud de que su objeto fundamental, que es el
pre-chequeo, resulta ser conveniente para ambos gobiernos y pueblos.”
José Ricardo Taveras,
quién además fungió como director general de migración dijo que existen
acuerdos similares con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y algunas islas del
Caribe y resulta de gran utilidad para los objetivos de facilitar el acceso del
mercado norteamericano a nuestras instalaciones turísticas y una interesante
herramienta de cooperación internacional en materia de seguridad, lucha contra
el terrorismo y trata y tráfico de personas.
Reconoció que, aunque en esos acuerdos se ha incluido el tema de los
refugiados, en ninguno se han impuesto cláusulas de la naturaleza injerencista
que contiene el suscrito por la cancillería dominicana durante la gestión del
anterior embajador norteamericano, en todos los casos se les ha reservado a la
autoridad nacional la absoluta discreción de conceder o rechazar las
solicitudes de refugio conforme a su constitución y sus leyes.
Consideró
denigrante tener que “rendir cuentas anualmente a través de puntos de contacto
designados por USA para el manejo de las políticas de refugio, cuando la propia
convención internacional al respecto establece que las mismas deben ser ejecutadas
soberanamente, por lo que se consagraría, repito, una tutela impertinente y
odiosa, que convierte en lesivo el condicionamiento a la discreción que al
respecto pueda tener el gobierno de los Estados Unidos, situación que deviene
en desmedro de la dignidad y la soberanía nacional.”
Aconsejó que lo
convenientes es renegociar el convenio y que las condiciones están dadas para
que se haga sin lesión de nuestra dignidad.
“Al día de hoy, el acuerdo violenta también las líneas maestras de
Washington en lo que respecta a temas vinculados a la soberanía de los Estados
a decidir ese tipo de cosas conforme a sus respectivos intereses, sin poner en
manos de poderes extranjeros o internacionales la rendición de cuentas sobre
cosas que conciernen a la intimidad y la dignidad de cada nación, de manera
que, sabiendo como sé, igual que muchos, el gran interés de los Estados Unidos
en la promoción de este tipo de acuerdos con Estados estratégicamente
importantes para su seguridad, no tengo la menor duda de que la nueva
embajadora Robin S. Berstein, mucho más respetuosa de nuestra dignidad, al
igual que su gobierno, desplegará todos los esfuerzos para que este importante
acuerdo sea purgado de elementos tóxicos e injerencistas, y renegociado rápidamente
para que sirva, como debió servir desde el principio, como un instrumento de cooperación para la
seguridad y la transparencia de los movimientos de pasajeros entre ambas
naciones.”
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