El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirma que la polĂtica ambiental de nuestro paĂs se ha estancado, despuĂ©s que recibiera un gran impulso con la promulgaciĂłn de Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), y con la creaciĂłn del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En un documento firmado por el doctor Cecilio DĂaz Carela, Secretario Nacional del Medio Ambiente del PRM, con motivo de conmemorarse este 5 de junio el 46 aniversario de la DeclaraciĂłn del dĂa Mundial del Medio Ambiente, dicha organizaciĂłn manifiesta que la razĂłn fundamental de este estancamiento se debe a que en los sucesivos gobiernos del Partido de la LiberaciĂłn Dominicana (PLD), no se ha entendido que los objetivos y fundamentos de esta ley General y sus leyes complementarias, constituyen el instrumento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro paĂs.
Afirma que, por el contrario, los gobiernos del PLD, incluyendo el actual, han preferido la discreciĂłn, la inacciĂłn y la falta de transparencia, y la indulgencia para la prestaciĂłn de buenos servicios, en la toma de decisiones para la planificaciĂłn y puesta en ejecuciĂłn de polĂticas ambientales eficaces basadas en los principios rectores que inspiraron la Ley General.
“En tal sentido el artĂculo 28 manda a que en la planificaciĂłn del desarrollo de nuestro paĂs se incorpore la dimensiĂłn ambiental, a travĂ©s de un proceso dinámico y participativo en el que se agrupen todas las instituciones pĂşblicas, centralizadas y descentralizadas, incluyendo los Ayuntamientos, de este modo, cada una de estas instituciones deberĂan incluir las partidas presupuestarias que demanden los problemas ambientales a que se enfrentan, a nivel local, regional y nacional”, expresa.
SegĂşn el PRM, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido incapaz de convertirse en el motor que impulse la dinámica, ni tampoco ha promovido la promulgaciĂłn de las leyes y reglamentos complementarios que coadyuven a fortalecer la aplicaciĂłn de la Ley General, para que esta pueda garantizar el manejo sostenible y uso racional de recursos vitales como el agua dulce; tan necesaria para la vida diaria de nuestra poblaciĂłn, asĂ como para la operatividad de sectores tan importantes de nuestra economĂa como el sector industrial, el agropecuario y el turĂstico.
Agrega que la polĂtica hĂdrica del gobierno no ha generado expectativas en la poblaciĂłn, ni aĂşn con la creaciĂłn de la «Mesa del Agua», la cual, a pesar de tener casi dos años de creada, todavĂa subyacen problemas fundamentales en cuanto a la desigualdad en el servicio de agua potable y saneamiento que recibe la poblaciĂłn dominicana.
Enfatiza que a estas alturas el 50% de la poblaciĂłn de escasos recursos no está conectada a los sistemas de suministro de agua potable y sĂłlo el 10% recibe abastecimiento continuo del lĂquido. Igual tratamiento para el saneamiento, sĂłlo el 20% de las viviendas de familias de escasos recursos, está conectada al sistema de alcantarillado y de las familias que son consideradas como no pobres sĂłlo 50% conectadas a estos servicios.
“Estos porcentajes demuestran que de los casi once millones de dominicanos que deberĂan recibir los servicios de agua potable y alcantarillado más de la mitad carece de los mismos y la otra mitad no los recibe, adecuadamente, por lo cual esto deberĂa merecer una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado, por la repercusiĂłn que esto tiene en la propagaciĂłn de enfermedades y en la salud, especialmente en la poblaciĂłn infantil, recalca.
Manifiesta que un sector como el del agua, que mueve tantos recursos econĂłmicos de forma desordenada y poco controlada, debiera estar ordenado a travĂ©s de una ley que reduzca al mĂnimo los conflictos” interinstitucionales y permita que parte de esos recursos econĂłmicos se destinen para cubrir los costos de rehabilitaciĂłn y protecciĂłn de las Cuencas Hidrográficas, y sirvan además para la construcciĂłn de los embalses que van a garantizar, en el futuro prĂłximo, el suministro que requiere la poblaciĂłn para sufragar sus necesidades; asĂ como tambiĂ©n corregir el alto porcentaje (54%) que se pierde en la redes de distribuciĂłn y en el mal uso, por la falta de programas de prevenciĂłn y educaciĂłn ciudadana.
Otro aspecto que habrĂa que señalar es la falta de reglas claras para el manejo sostenible de nuestros recursos forestales, por parte del gobierno del PLD, de modo que se les permita a las empresas forestales funcionar sobre la base del aprovechamiento racional de los beneficios que ofrece el bosque, a travĂ©s de los planes de manejo y el emprendimiento de nuevas plantaciones. Este sector podrĂa participar, junto al gobierno, en la rehabilitaciĂłn y protecciĂłn de nuestras Cuencas Hidrográficas, fundamentando su accionar en la Ley de Incentivo y ProtecciĂłn Forestal, que lleva años en el Congreso Nacional, y que, probablemente, por la falta de mediaciĂłn e interĂ©s del gobierno no se ha conseguido su aprobaciĂłn. La ley de incentivo forestal es prioritaria, tomando en cuenta que en estos Ăşltimos quince años, como consecuencia de la deforestaciĂłn y la falta de reglas claras que formalicen la actividad forestal hemos perdidos, en áreas sensibles, unas 230 mil hectáreas de cobertura vegetal, que equivalen casi a un 5.0% de nuestro territorio y sĂłlo hemos recuperado en ese mismo perĂodo alrededor de 40 mil hectáreas, que es una cantidad insignificante en torno a la que deberĂamos haber recuperado si el gobierno le hubiera dado la importancia que amerita este recurso.
Por otro lado, sino contamos con un «Plan de IntegraciĂłn» para la administraciĂłn y protecciĂłn de los suelos dominicanos, los progresos de los que nos habla el gobierno no se alcanzarán. Este plan, que debiera tener como prioridad la coordinaciĂłn efectiva de los proyectos de riego y drenaje para aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua, asĂ como para conocer de la vocaciĂłn, capacidad y vulnerabilidad de cada pulgada de nuestro territorio; tampoco ha recibido la atenciĂłn del gobierno, en cuanto a disponer de los recursos financieros para la ejecuciĂłn del mismo, ni se cuenta con la de la ley de Ordenamiento Territorial, por falta de voluntad polĂtica y la mediaciĂłn del Gobierno en lo que respecta al problema territorial.
Otro gran problema ambiental del paĂs se relaciona con el manejo y disposiciĂłn de los residuos sĂłlidos urbanos (RSU) y al que el gobierno, recientemente, ha enfrentado con el programa “Dominicana Limpia” y del que esperamos que no sea un «clichĂ©s» más de los que utiliza el PLD para manipular la opiniĂłn pĂşblica, cuando trata de desviar la atenciĂłn de sobre un problema de gran envergadura como lo es el de la basura. A pesar de la creaciĂłn de “Dominicana Limpia” no se están dando los pasos necesarios para la construcciĂłn de las obras de infraestructuras que se requieren para el manejo y disposiciĂłn de las casi 9 mil toneladas diarias de RSU que se producen a nivel nacional. El gobierno sabe, como lo sabe la poblaciĂłn que el sector de los residuos sĂłlidos tiene interĂ©s sanitario, pero tambiĂ©n interĂ©s econĂłmico y que existen instituciones internacionales que están dispuestas a ayudarnos econĂłmica y tĂ©cnicamente, pero al igual que en los problemas ambientales que ya hemos mencionado, la mediaciĂłn gubernamental se coloca por encima de los intereses nacionales y descarga su responsabilidad en la responsabilidad en los gobiernos municipales, sin entregarles las partidas presupuestarias que les corresponde, por ley (10%), dando largas a un problema que no se debe postergar.
Finalmente nos referiremos a los 9 mil y tantos kilĂłmetros cuadrados de áreas protegidas terrestres, exceptuando las áreas marinas, que establece la ley 202-04, entre parques nacionales, reservas cientĂficas y refugios de vida silvestre, entre otros. Estas áreas requieren, mayor atenciĂłn y vigilancia, asĂ como los programas de educaciĂłn e incentivos para los habitantes de las zonas de amortiguaciĂłn. TambiĂ©n es importante que el gobierno entienda que las áreas protegidas que se declararon fuera de ley 202-04 no deben quedar abandonadas y sin planes de manejo, como ocurre ahora con la gran mayorĂa de ellas. Las áreas se declaran, no sĂłlo por el espacio geográfico, sino por la riqueza de especies y las caracterĂsticas Ăşnicas que representa su biodiversidad. Sin embargo el proyecto de ley de biodiversidad, que ha visto agotar varias legislaturas, aĂşn espera por su aprobaciĂłn para que el paĂs pueda contar con un instrumento legal que proteja nuestro capital natural.
En definitiva, el gobierno podrá exhibir fortaleza en otros sectores de la vida nacional, pero en lo que respecta al sector del Medio Ambiente y los Recursos naturales, su gobernabilidad no se ha dejado sentir en la medida en que las circunstancias nacionales lo demandan, lo cual contradice las declaraciones del propio presidente de la RepĂşblica, cuando asistiĂł a la Cumbre de ParĂs donde dijo, y cito: “Para el paĂs que represento (…), las consecuencias del cambio climático no constituyen un ejercicio intelectual, sino un desafĂo para nuestra supervivencia, que nos amenaza diariamente”. Estas palabras deberĂan representar, no un simple discurso en un cĂłnclave internacional, sino un compromiso del gobierno para asumir los problemas ambientales como una lĂnea polĂtica de primera magnitud, basada en el principio de: “Pensemos globalmente y resolvamos localmente”.
0 Comentarios