Se dice que el presidente no quiere llegar a la terminal donde se supone debe ser relevado porque el tema es que, si hay relevo, que sea cualquiera menos Leonel.
A partir del 2002 se puso de moda, como ocurre de tarde en tarde, la consigna de que había que “destrujillizar” la Policía Nacional, adecentarla. Fue votada la Ley 96-04 y doce años después, por los mismos motivos, pretendimos reformarla nuevamente a través de la ley 590-16, y aún así, la sociedad dominicana todavía no percibe que ello auspiciara una cultura diferente en el cuerpo del orden.
La asamblea revisora del 2010, proclamó la protección del bien jurídico de la vida desde la concepción hasta la muerte, desde entonces, el Congreso ha retrasado la aprobación de un nuevo Código Penal, simplemente porque el Gobierno ha observado la ley bajo presión externa para establecer el aborto por las tres causales, sin importar que con ello se lleven de encuentro lo que previamente ha sido decidido por la norma sustantiva. De igual modo, es claro que la reelección está prohibida por la Constitución y que modificarla para establecer lo contrario está supeditado a un referéndum, y a pesar de contar con un Tribunal Constitucional (TC), éste retrasa sus decisiones para que, una vez consumada la violación, le faltara el valor de hacer prevalecer ese mandato a futuro.
En fin, somos probablemente el único país donde se ha hecho una ley para violar la Constitución y una sentencia. La obediencia o el temor a los intereses de cualquier laya, hace que por muy separados y autónomos que se presume sean las órganos, éstos renuncien a su propio poder y nos hagan vivir en la farsa de una democracia idealmente sustentada en pesos y contrapesos que en la práctica son macondianos.
Es en ese contexto, llamémosle cultural, que pretendemos una nueva ley de partidos y modificar la electoral, que en nuestro imaginario vendría a resolver todas las desviaciones del sistema político, como por arte de magia, sin siquiera preguntarnos por qué y para qué lo hacemos.
Comparecemos a esta cita con algarabía, nos seduce el pleito entre los principales líderes del PLD y el chispero que produce el gruñido de rieles que encausan un tren que a todas luces va perdiendo el control, las gradas, concentradas en la pelea de los maquinistas, no advierten la desgracia general, nos entretiene más el duelo que el peligro.
Se dice que el presidente no quiere llegar a la terminal donde se supone debe ser relevado porque el tema es que, si hay relevo, que sea cualquiera menos Leonel. Un mar de pasiones azuza las contradicciones y no permite que se adviertan las alertas rojas que ordenan un cambio de rumbo que evite un descarrilamiento de pronósticos reservados, pero nada vale, maquinistas y pasajeros han convertido el tren en una gallera.
El continente arde, Odebrecht pone en capilla ardiente la confianza en el sistema político de toda América Latina, el cual, a su vez, desfallece en cuidados intensivos, enfermo por sus incosteables prácticas populistas y clientelares, un cáncer agresivo, adicto al indispensable dinero que facilita el conveniente “equilibrio” para sostener el poder. Pero el cuadro clínico no llama la atención, la única terapia es la transparencia y abaratamiento sincero del financiamiento, para resucitar la confianza y alejarlo de la infección de los intereses, pero la gallera se impone, el debate es primarias abiertas o cerradas.
El Gobierno sordo, ciego y mudo no se detiene, preguntándonos a veces si realmente existe la voluntad de regulación de los partidos o se busca que el debate se trague las posibilidades de que así sea y, si ha de haber ley, que las primarias serán abiertas llueva, truene o ventee, aunque se descarrile el tren.
Conforme al artículo 209 de la Constitución, en principio asistiremos a dos asambleas electorales en el 2020, una en febrero para las autoridades municipales y otra en mayo para la presidencia, vicepresidencia y legisladores, eso, si no tenemos que asistir a una segunda vuelta; en ellas serán electas 4,836 autoridades, desde el presidente, hasta los vocales de distritos municipales. De decidirse que serán primarias abiertas, de 26 partidos autorizados, imaginemos que comparecen 5 y que hay un promedio de 5 aspirantes por posición en cada partido, lo que implica que la Junta Central Electoral (JCE) contabilizará 24,180 candidaturas simultáneas por partido, o sea, 120,900 en total, no lo quiero ni imaginar.
A esto se une que la propia JCE ha adelantado que tendrán un costo de 5 mil millones de pesos, sin contar lo que el financiamiento público conllevaría a favor de los partidos y el resentimiento habitual de la economía en los procesos electorales, con unas primarias donde el que tenga mayor capacidad de movilización de sus electores es el que tiene garantizado el éxito, por lo que, la única regla posible será “que el que tiene más saliva, coma más hojaldres”; escenario maravilloso para los intereses, las mafias y el narcotráfico. Es decir, debemos prepararnos para gastar, mínimo, unos 15 mil a 20 mil millones de pesos en los tres o tal vez cuatro procesos a los que asistiremos, más los efectos postraumáticos derivados de la papeleta que mató a menudo, así como la crisis de identidad de los partidos que nos coloca en la antesala de la ley de lemas que hundió la política argentina en una crisis que aún no supera.
¿Qué cerramos y qué abrimos con las primarias abiertas? No se sabe a dónde iremos a parar, aunque el proyecto establece reglas para el financiamiento, me parece que la discusión al respecto no es suficiente ni sincera, lo que sí es seguro que nos abrimos a la profundización de la prostitución del sistema político, en el momento en que la responsabilidad de todo el liderazgo nacional debe concentrarse en la restauración de la confianza, para cerrar la posibilidad de que el tren vaya caer en el abismo.
Twitter: @JoseRicardoTB
email: josericardotaveras@
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