Los partidos del Bloque Opositor pidieron a la La Junta Central Electoral (JCE) no pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, al tiempo que le reclama esta empresa sea demandada para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
Max Puig, hablando en una rueda de prensa, celebrada la tarde de este martes, a nombre de las organizaciones opositoras expresó que Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige(275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA;
Consideran que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos electorales;
Establecen que “Nuestros partidos tienen un compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática”.
Además de Puig, estuvieron Jesús Vásquez, Minou Tavarez Mirabal, Pedro Martínez, , Juan Ignacio Espaillat, Rafael Montilla, entre otros.
A continuación del texto del documento del Bloque Opositor
Tomando en consideración las informaciones hechas de público conocimiento del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo de 2016 acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico, los partidos de la oposición política consideran que:
A. Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA;
B. El traspaso abusivo y secreto de una función tan delicada y exclusiva como el conteo de los votos a una empresa extranjera que actuó por su cuenta, sin que mediaran la autoridad ni el control de la JCE, vicia de manera grave e inconstetable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso;
C. El pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos electorales;
D. La Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016;
La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos.
A. El pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos electorales;
Nuestros partidos tienen un compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.
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