JOSE RICARDO TAVERAS: CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION NO PUEDE EXTENDER EL PLAZO DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS NI OTORGAR ADMINISTRATIVAMENTE NINGUN TIPO DE ESTATUS MIGRATORIO

José Ricardo Taveras, ex director general de migración, alertó al presidente Danilo Medina, a los ministros y demás entidades que integran el Consejo Nacional de Migración (CNM), a fin de que la convocatoria del próximo martes no sea utilizada para otorgar ningún tipo de extensión ilegal de plazo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y mucho menos disponer o justificar de algún modo el otorgamiento de ningún tipo estatus migratorio a ciudadanos que no han cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 327-13.

Afirmó que el PNRE fue convocado por mandato otorgado al Ejecutivo por el artículo 151 de la ley 285-04 sobre migración y que por lo tanto es único e irrepetible, salvo disposición legal expresa y sujeta a quórum especializado que ordene la extensión que con gran descaro ha propuesto el saliente embajador de la Unión Europea y que acarician otros sectores de la comunidad internacional, del mismo gobierno y de la esfera del usufructo del drama ajeno.  Recordó que el artículo 3 del decreto 327-13 establece como único plazo posible para acogerse al plan un período de 18 meses que venció el 15 de mayo del 2015 y que por su parte, el artículo 4 dispone como consecuencia para los extranjeros irregulares que durante “el tiempo de duración previsto para este Plan” no califiquen o no se acogieran, quedarían sujetos “… a deportación de conformidad con la Constitución y las leyes”.

 “Amén de que los plazos otorgados para completar expedientes fueron ilegales, el estatus otorgado a los beneficiarios del plan fue de dos años y todos están vencidos, por lo que carece de sentido prorrogar un plazo para un estatus cuyo vencimiento ha caducado.  El único camino posible es aplicar por la renovación ante la Dirección General de Migración, aportando sus documentos conforme a la ley de migración y su reglamento o, la deportación.”  Expresó Taveras Blanco.

 Afirmó además que conforme a los artículos 25 y 93-1-g) de la constitución, el régimen de extranjería está sujeto a control constitucional y legal, razón por la cual la competencia de su regulación concierne estrictamente al congreso nacional, no pudiendo ser en absoluto modificado por decisiones administrativas, resoluciones o decretos de ningún órgano.  Las mismas resoluciones del CNM, no sólo están sujetas a la constitución y a las leyes, sino a los propios decretos que por mandato legal emite el poder ejecutivo sobre la materia, como en el caso del 327-13.

El también presidente en funciones de la Academia Dominicana del Derecho, Inc., estimó que:  “Lejos de arrinconarse en una actitud defensiva, el gobierno debe enfrentar con espíritu de sana edificación y firmeza a la comunidad internacional, siempre ajustado al derecho y destacando los sacrificios realizados por el contribuyente dominicano.  Una inversión de tres mil millones de pesos, recepción de solicitudes sustentadas en fotocopias, gratuito y hasta la violación de la ley al otorgar plazos de más de dos años, nos dan toda la autoridad moral para reivindicar que nuestras actuaciones se apeguen a la ley; toda vez que al final, el problema no será resuelto mientras la raíz del mismo, que es el abandono del Estado haitiano a sus ciudadanos, en el derecho a ser titulares de un estado civil.”

El abogado y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) lamentó, que hasta la fecha sólo se evidencie una actitud dubitativa y reactiva frente a la más importante de todas las problemáticas nacionales y aconsejó que se aproveche la reunión del CNM para promover un plan financiero y presupuestario que impulse verdaderas políticas de control fronterizo. Consideró que ante la falta de voluntad política para construir un muro, se use la tecnología como herramienta eficaz y probada en el control de fronteras, al tiempo de empoderar el Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie una ofensiva diplomática adecuadamente sustentada, que revierta a cualquier precio y sin vacilaciones el déficit de la ausencia del país en su propia defensa, que en lo que respecta al drama haitiano, nos convierte, de vecinos solidarios en verdugos, contra toda justicia.