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Sánchez Roa introduce proyecto para transformar el sector agropecuario y el campo

domingo, 25 de junio de 2017

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Un Proyecto de Ley para modernizar y poner las instituciones agropecuarias en condiciones de impulsar el desarrollo agropecuario, agroindustrial y rural, sustentado en políticas que atraigan recursos económicos, contribuyan a elevar la productividad y calidad, integrando las tierras ociosas, en un proceso que los productores sean protagonistas de su propio destino fue enviado a estudio en el Senado.
El objetivo esencial de la “Ley General del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural”, elaborada y sometida por el Senador Adriano Sánchez Roa, es garantizar la alimentación completa del pueblo dominicano, aportar al fisco por lo menos un 18% del PIB, reducir las importaciones, crear empleos para la totalidad de los residentes en la zona rural, así como ingresos y riquezas que puedan mitigar la pobreza en el campo.
Sánchez Roa dijo que “tras el éxito de las Visitas sorpresa y con los novedosos proyectos agroforestales del Presidente Danilo Medina, que han renovado la esperanza en el sector agropecuario y el campo, vemos las condiciones de una ley amplia, moderna y que transforme dicho sector y la zona rural”.
Esta iniciativa cursa en la comisión de Asuntos agropecuarios y agroindustriales del Senado, y busca sustituir la ley 8, del 8 de septiembre del 1965, hace 52 años, cuando el país era una nación totalmente diferente a la actual.
El proyecto de ley crea un nuevo modelo de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, con estaciones regionales para realizar estudios y ensayos caracterizados por las condiciones y necesidades de cada zona, las que serían transferidas a todos los agricultores mediante un sistema de extensión y asistencia técnica congruente con los conocimientos y escolaridad de los agricultores.
La asistencia técnica estará apoyada por la integración de la Escuela Nacional de Educación y Capacitación Agropecuaria y agroindustrial, el Programa Nacional de Organización y el Sistema Nacional de Divulgación Técnica, para acentuar la transferencia de las nuevas tecnologías a los productores, campesinos y residentes en la zona rural.
Sánchez Roa plantea, en la iniciativa marcada con el número 0341 y enviada a estudio a la Comisión Agroindustrial, conducir y sustentar la agricultura en una mecanización subvencionada, desde la siembra, la cosecha, el almacenamiento y el transporte hasta la comercialización, con el propósito de reducir pérdidas y bajar costos.
La ley observa como de alta prioridad el Programa Nacional de Producción y Multiplicación de Semillas y otros materiales de siembra, en cada región o zona donde se fomenten los diversos rubros, en ese mismo hábitat, para evitar contaminaciones y lograr mayor pureza y adaptabilidad.
Las semillas y materiales de siembra serán obtenidas aplicando toda la tecnología disponible que garanticen un alto poder germinativo, cuidando permanente y meticulosamente el proceso de producción y cosecha, de manera que sean certificadas por los técnicos del Programa Nacional de Producción de Semillas y otros materiales de siembra.
“El Estado garantiza todo el financiamiento requerido para el desarrollo agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, de cazas, crianzas, agroindustrial, artesanal, campesino y forestal, manteniendo las tasas de interés por debajo del 5% anual y con un seguro agropecuario que cubra cualesquiera de las causas que pongan en riesgo la siembra, producción, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización”, sostuvo Sánchez Roa.
El Senador por la Provincia Elías Piña propone la apertura de ventanillas exclusivas en la banca privada para el sector agropecuario, al alcance de productores prendarios, las cuales contarán con una plataforma económica del Estado que proteja esas entidades de los riesgos naturales del sector agropecuario.
Ponen en primer plano otorgar condiciones de infraestructuras, transporte, almacenamiento, requeridas para un excelente mercadeo agropecuario y agroindustrial, que contribuya con una rentabilidad holgada del productor, así como con precios equilibrados y asequibles al consumidor, para lo cual habrá un sistema de compensación.
El Estado garantiza, a través de las instituciones creadas por la Ley y mediante el “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural” el apoyo en infraestructuras, cercados de pequeñas propiedades, tractores, equipos e implementos agropecuarios (sembradoras, cosechadoras, picadoras, molinos, mochilas, remolques, picos, palas, azadas, rastrillos, etc.), maquinarias de soluciones pequeñas de riego (para lagunas, pozos, etc.).
Igualmente, materiales de invernaderos, naves, estanques, depósitos, material biológico y genético, material vegetativo, de sementales vacunos, ovinos, caprinos, etc. e insumos (fertilizantes, simientes, herbicidas, etc.); materiales educativos (para capacitación y asistencia técnica), así como atención a desastres naturales y garantías a los créditos otorgados.
A fin de hacer de la actividad agropecuario una inversión segura, en el artículo 238 de la Ley,  la iniciativa de Sánchez Roa explica que se “elaborará previamente una tabla de riesgo y de su correspondiente compensación, según rubros, región y actividad”, para “prever y aplicar medidas que resarzan los riesgos propios del sector agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, de cazas, crianzas, agroindustrial, artesanal y forestal.
“La autorización de mecanización, siembra o fomento animal, aplicación de insumos, cosecha, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización, siempre estará indicada por un profesional de la materia que se trate, como condición obligatoria de contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del sector público agropecuario”, indica.
Persiguiendo la sustentabilidad y capitalización del sector agropecuario, se ejecutará un Programa de Titulación de Tierras en la zona rural, en propiedades del Estado, así como privadas, de manera que todos los productores puedan acceder a cualquier entidad financiera.
“Esta titulación de la propiedad es fundamental porque el sector agropecuario y rural está caracterizado por una estructura agraria minifundista, donde el 73% de las  propiedades apenas alcanzan dos (2) hectáreas y la mayoría de estos productores carecen de recursos económicos necesarios para la aplicación de un paquete tecnológico mínimo, pese a poseer tierras de alta calidad, excelentes climas y agua”, apuntó Sánchez Roa.
La agroindustrialización como labor de agregado de valor y de presentar la producción en las condiciones de consumo, es la etapa final de todo el proceso que empieza con la siembra, para lo cual será objeto de los incentivos y financiamientos necesarios que garanticen las metas.
La promoción, ejecución y obtención de la producción, así como su procesamiento, conllevarán al impulso de planes, programas y proyectos que reduzcan puntualmente la pobreza rural.
Sánchez Roa señaló que ante los plazos del DR-CAFTA que se avecinan es esencial alcanzar la competitividad a través de una elevada productividad y calidad que detenga las importaciones competitivas, para lo cual la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) plantean políticas y estrategias de amplios incentivos para nuevas tecnologías.
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