Por Tito Valenzuela
República Dominicana. El Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH) pidió hoy a la procuradora fiscal del distrito judicial de San Cristóbal, Diomeris Soto, y al director ejecutivo de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adoco), Julio César de la Rosa, realizar sendas investigaciones sobre la concesión de contratos sin licitación otorgados por el Ayuntamiento de ese municipio a las empresas Constructora IMA (recogida de desechos sólidos) y Construcciones y Pavimentos EMV (operación y manejo de la basura en el relleno sanitario) aprobados por el Consejo de Regidores durante una sesión realizada en la Sala Capitular el 31 de diciembre del ano pasado y donde, según denuncias, se habría sobornado a regidores con RD$150 mil pesos.
El BDDH explicó que el ayuntamiento contrató sin licitación a las indicadas empresas desconociendo la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones. "No nos referimos a los contratos firmados por tres meses el 18 y el 20 de agosto del 2016 con esas empresas para la recogida, transporte y disposición final de los desechos sólidos ya que obedeció a la Resolución 06-2016 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente que declaró en emergencia ambiental a San Cristóbal por un brote de enfermedades infecto-contagiosas generado por la acumulación de basura", dijo.
Indicó el BDDH que los contratos firmados por tres meses fueron amparados en esa emergencia sanitaria no así la aprobación de la extensión de los mismos ya que lo correcto era convocar una licitación. "La aprobación de esos contratos por un año durante una sesión celebrada el 31 de diciembre pasado en la Sala Capitular es ilegal porque se convocó a los regidores para conocer el Presupuesto y se aprovechó para presentar una carta del alcalde Guillén Valdéz al presidente de la Sala Capitular solicitando la aprobación de esos contratos que se materializó a las ocho de la noche", adujo la entidad.
Sostuvo la entidad que al parecer la alcaldía mantuvo en diciembre pasado la declaratoria de emergencia ambiental, lo cual se evidencia mediante una misiva enviada el 30 de noviembre del 2016 por el tesorero municipal, Anthony Oliver Santos, en representación del alcalde Guillén Valdéz a la contralora del Ayuntamiento, Cristina Mateo, y a la auditora, María Pacheco, donde se destaca la declaración de emergencia la adquisición de bienes y servicios para la continuación del saneamiento del municipio San Cristóbal.
Sin embargo, la Alcaldía y los regidores habrían violado los numerales 4 y 6 del Artículo 2 de la indicada ley que se establece que están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional y, cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos.
El BDDH destacó que también se violaron los 9 principios que contiene el Artículo 3 de la Ley 340-06. 1)-Principio de eficiencia. 2)-Principio de igualdad y libre competencia. 3)-Principio de Transparencia y publicidad. 4)-Principio de economía y flexibilidad. 5)-Principio de equidad. 6)-Principio de responsabilidad, moralidad y buena fe. 7)-Principio de reciprocidad. 8)-Principio de participación y 9)-Principio de razonabilidad.
El BDDH sostuvo que otro artículo violado de la Ley 340-06 es el 14 donde se señala que no podrán ser oferentes ni contratantes con el Estado las siguientes personas; numeral 5, "Los parientes por consaguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyugues, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas".
Manifestó la entidad que recientemente el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) en San Cristóbal, Pablo Estévez, denunció que Jaime Ramos socio de la Constructora IMA fue un estrecho colaborador del pasado alcalde Raúl Mondesí y tras un acuerdo político entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) pasó a apoyar la candidatura a alcalde de Nelson Guillén.
En el caso de Construcciones y Pavimentos EMV habría que determinar el grado de consanguinidad que pudiera existir entre el alcalde Guillén Valdéz y el gerente de esa empresa Bladimir Elías Valdéz Roa. "Pero más allá de esa posible familiaridad también hay que tomar en cuenta que en esa empresa hay dos accionistas que colaboraron con la pasada gestión edilicia e inclusive uno de ellos fue viceministro de Obras Públicas lo que indica que es un dirigente político con incidencia", afirmó el BDDH.
En una constancia de inscripción del Registro de Proveedores del Estado emitida el 13 de marzo del 2013 Construcciones y Pavimentos EMV tiene como rubro de provisión principal la construcción y edificación, y de manera específica el documento señala que, "este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al (o los) rubro (s) detallado (s) en esta constancia de inscripción".
Sin embargo, esta empresa declaró en el contratado que su objeto social le permite la realización de actividades y servicios materia del indicado contrato y que tiene la capacidad técnica y material para presentar el servicio contratado. El servicio contratado con el ayuntamiento consiste en la operación y manejo de los desechos sólidos en el relleno sanitario que tiene 128 tareas dentro del ámbito de la parcela 48 del Distrito Catastral 03, ubicada en el sector Cabral, Ingenio Nuevo, San Cristóbal.
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