El Presupuesto por Resultados

Por: Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com) Recientemente fue aprobado el Presupuesto General del Estado que regirá para el año 2016, el cual asciende a la suma de RD$663,558 millones de pesos. Como todos los años, varias instituciones públicas, autónomas, descentralizadas y municipales, solicitaron una mayor asignación presupuestaria. Si analizamos a cada una de estas instituciones, nos daremos cuentas de la imperiosa necesidad que existe de que dicho Presupuesto sea distribuido en base a los resultados alcanzados y a la responsabilidad que tienen cada una de éstas con la sociedad, pues algunas ya no responden a los objetivos para los cuales fueron creadas y no realizan ninguna función, por lo que debe contemplarse su eliminación o fusión con otras entidades. Ya nos hemos referido en otras oportunidades a la necesidad de una reforma integral o reingeniería al aparato burocrático del Estado Dominicano, por su gran tamaño y disfuncionalidad de algunas de sus instituciones; que no aportan nada, que realizan una labor clientelista, parasitaria o la misma de otros; en cambio, existen otras, que por las funciones que desempeñan, merecen una mayor asignación presupuestaria, como es el caso de Salud Pública, el Poder Judicial, la Seguridad Ciudadana, la Agropecuaria, entre otros. Algunos países están reduciendo su aparato burocrático, tal es el caso de Brasil, que va a eliminar algunos de sus ministerios. El Estado Dominicano no puede continuar dándose el lujo de mantener instituciones que todos los años tiran los recursos públicos por las bordas, mientras existen tantas precariedades, un déficit fiscal que cierra cada año en aumento; una gran deuda social acumulada y una deuda pública externa e interna que consume casi el 40% del PIB corriente de cada año. Si en verdad queremos cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2015-2030, debemos adecuar el aparato burocrático estatal en función de los objetivos, líneas de acción y actividades identificadas en ese gran instrumento de desarrollo, pues siendo eficientes y eficaces, estaremos en condiciones de corregir todas las distorsiones y desviaciones financieras y administrativas, que son de los obstáculos que tenemos que vencer, para poder combatir la pobreza y la marginalidad. Lamentamos que a la hora de preparar y aprobar dicho presupuesto, no se observen estas distorsiones, y que por el contrario, exista el interés de continuar creando más instituciones, ministerios, provincias, ayuntamientos y distritos municipales, que sólo contribuyen a aumentar la abultada burocracia, la nómina pública y consecuentemente, a la corrupción administrativa. Todo esto se hace en nombre de una supuesta descentralización del poder político. Pero esa no fue la que Juan Pablo Duarte concibió. Para que tengamos una idea de lo que estamos señalando, a la Cámara de Cuentas de la República, institución llamada a fiscalizar el 100% de los fondos públicos, se le asignó para el año 2016, la suma de 646 millones de pesos, lo que representa un poco menos del 0.01% del PIB, para fiscalizar a todas las demás instituciones públicas, autónomas, descentralizadas, municipales y ong. Con este pírrico presupuesto, la CCRD difícilmente pueda realizar una amplia, efectiva y oportuna labor de fiscalización, como lo espera la ciudadanía. Sin embargo, hay otras instituciones, que no tienen razón de ser y que no realizan ninguna labor, que reciben una asignación mucho mayor. En conclusión, consideramos que se deben fortalecer aquellos ministerios e instituciones públicas que realmente cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, que tienen una gran responsabilidad con la sociedad. El autor es Contador Público Autorizado y Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la Rep