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URGEN A CELEBRACIÓN DE VISTAS PÚBLICAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL

jueves, 25 de junio de 2015

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El Congreso de la República se encuentra en medio de un proceso de discusión de la importante Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, proceso en el que la población dominicana no ha tenido ninguna participación, ni siquiera organizaciones especializadas han sido convocadas a su conocimiento tales como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, asesora del Congreso de la República; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores –CODIA-.

Ante esta situación, y en vista de la relevancia de este proyecto de ley para el futuro de la sociedad dominicana, tal y como advirtió la oficina de revisión técnica legislativa (OFITREL) de la Cámara de Diputados, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado urgente a las honorables cámaras legislativas para que actúen con mesura ante un proyecto que debe ser bien conocido por la población antes de ser aprobado.

En nuestras organizaciones hay preocupación por la premura y el secretismo con que se está conociendo el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, proyecto que compromete seriamente cada metro cuadrado de nuestros suelos productivos, cada río y cada acuífero subterráneo de nuestro país. Por tanto, alertamos a la población dominicana en cuanto a los riesgos de la aprobación de una ley que puede favorecer grandemente a empresas internacionales mineras y de la comercialización del agua, pero que perjudicaría severamente a nuestra población.

Para nuestras organizaciones, además, es de mucha preocupación las inconsistencias e incoherencias existentes entre el contenido del proyecto de Ley, la Constitución Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y otras legislaciones sectoriales. Es nuestro parecer que una legislación en materia de Ordenamiento y Uso de Suelo debe preservar la autonomía y las competencias de los gobiernos locales, dotando a estas entidades de verdaderos instrumentos para un ejercicio efectivo de la potestad de uso de suelo con la participación de los actores económicos y sociales de los territorios.

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