Banqueros rechazan normas de la Dirección General de Impuestos Internos

Santo Domingo RD._El sector bancario y financiero del país interpuso, ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso de amparo contra la Norma General 13-2011, que obliga a las entidades de intermediación financiera a retener el 1% de los intereses que perciben las empresas por sus depósitos bancarios.

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) explicó que esta disposición de la Dirección General de Impuestos (DGII) , que pretende ponerse en marcha a partir del próximo 1 de octubre, constituye una violación de los derechos fundamentales de las entidades de intermediación financiera al debido proceso administrativo, la legalidad, la seguridad jurídica y la razonabilidad.

El recurso es suscrito, además de los bancos que integran a la ABA, por la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Los accionantes son los bancos Santa Cruz, Popular, BHD, BDI, Citibank, Bancamérica, Caribe, del Progreso, Promérica, López de Haro, León, Banesco, Vimenca y Scotiabank.Mientras que las entidades mutualistas son las asociaciones La Nacional, La Vega Real, Popular, Mocana, Bonao, Duarte, Romana y Peravia. “La entrada en vigencia de esta norma llevaría a la manifiesta ilegalidad a todas las entidades de intermediación financiera que componen el sistema financiero dominicano, y con ello pondría en riesgo toda la banca dominicana y la seguridad financiera y económica de la Nación”, sostiene la acción de amparo presentada a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Ovadis Marmolejos, Manuel Valerio Jiminián y César Joel Peña.

Las entidades financieras afirman que con esta norma, la DGII no cumplió con lo establecido en la Constitución de la República, la cual señala que estas medidas deben someterse a consulta pública; ni con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que en su artículo 23 indica que las mismas deben ser publicadas en medios de amplia difusión, con suficiente antelación a la fecha de su expedición.

“No existe constancia pública o privada de que la accionada (la DGII), en un tiempo razonable o en vísperas de la aprobación de la Norma General, haya comunicado a las accionantes (entidades de intermediación financiera) el proyecto de decisión que se venía, disposiciones que entran dentro de la obligatoria consulta pública, en tanto tienen un carácter general y rige relaciones entre los particulares y la Administración Pública”, indica.

Afirma que la Norma 13-2011 atenta, además, contra el artículo 309 del Código Tributario, el cual establece que las instituciones de intermediación financiera están exoneradas de actuar como agentes de retención en los casos de intereses percibidos por las personas jurídicas por sus depósitos.

En cuanto a la Ley Monetaria y Financiera, las instituciones financieras afirman que, de aplica